LA REFORMA LABORAL Y EL ‘DE ENTRADA, NO’
Lo primero que llama la atención, a quien todavía pretenda mantenerse lúcido, de la reforma laboral acordada es el poco valor que tienen las palabras y promesas en nuestra actual esfera política, y la fractura cada vez mayor entre el decir y el hacer en el espacio público, remedando aquel ya viejo aserto cínico de Tierno Galván de que las promesas se formulaban para no cumplirse. Que el texto finalmente aprobado no suponga ni de lejos la tan cacareada derogación del anterior marco laboral del 2012 que vino a ser banderín de enganche electoral de este Gobierno y en particular de la carrera política de su ministra de Trabajo supone un ejemplo más del vaciado del lenguaje y la preponderancia de la palabra rota entre nosotros, donde se mezcla en una misma ministra la ampulosa exaltación reciente del Manifiesto comunista con la propaganda pretenciosa de esta nueva reforma que deja inmóviles los costes del despido -que seguirán siendo de 20 días por año trabajado para los ERE-, mantiene intacto el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que deja en manos de los empresarios -y no de los sindicatos- la organización de las plantillas y, finalmente, consolida nuestra ya elevada contratación temporal, bien que camuflada. Firmar eso y seguir siendo prologuista y fiel seguidora del Manifiesto de Marx y Engels y militante del PCE no suponen, en la nueva dialéctica de la palabra rota y el vaciado de la memoria en esta sociedad digital, obstáculo alguno para que se presente como candidata entusiasta en las próximas elecciones generales, y, lo más grave, presentando como logro electoral el nuevo marco laboral que, desde el punto de vista de la izquierda, no puede sino catalogarse como un fracaso en su modalidad de parto de los montes, tras nueve meses de embarazo negociador. Baste imaginarse al lector lo que hubiese sucedido por parte de PSOE-Podemos, Esquerra y Bildu si esta reforma de la reforma la hubiese sancionado del primero al último apartado Fátima Báñez en 2012.
¿Por qué se puede hablar en este caso de mentira pura y nuda, fría, sostenida y calculada, equiparable a la del “De entrada, no” del partido socialista con la OTAN en 1982? Pues porque desde el primer momento hoy, como entonces, se sabía claramente que el programa de máximos (la derogación) que se anunciaba era sencillamente inviable. Y no tanto por motivos ideológicos cuanto por razones geopolíticas que son todavía más perentorias: la Comisión de la UE que ha vigilado las negociaciones no iba a permitir variar los aspectos mencionados que han permanecido incólumes. Y ello debido a la grave situación del endeudamiento nacional que sostiene el BCE (1.432.228 millones, que supone ya el 122,1% del PIB), la delicada situación de nuestras arcas públicas y, al mismo tiempo, una condicionalidad oculta de los inminentes Fondos Europeos, que supondrán 140.000 millones de euros. Condicionalidad off the record sujeta a la pervivencia de los aspectos nucleares de la Reforma del 2012. Todo ello desarmaba a priori al Gobierno y sindicatos antes de entrar a negociar y muy probablemente le hizo ver a Pablo Iglesias a la hora de retirarse que sus tesis laborales serían impedidas por esta debilidad nacional, nuestra menguante soberanía y la subsiguiente dependencia vital de un pulmón artificial (la UE-BCE), cuya longa manu se enlaza con distintas patronales como Anfac (automóvil) y Asaja (agricultores), Foment (Cataluña) o CEIM (Madrid). Baste considerar que sólo alemanas tenemos en España 2.000 empresas que aportan cerca de 190.000 empleos directos y más de 500.000 indirectos. Y francesas, 2.500 que emplean más de 350.000 personas y generan un volumen de negocios de alrededor de los 96.000 millones de euros. En términos negociadores, todo ello supone que el MANN (su “mejor alternativa a un acuerdo negociado”) de Podemos y sindicatos era francamente bajo, como la realidad geopolítica-económica ha demostrado.
Pero toda falsificación política ha de poseer para ser creída rasgos de veracidad y toda superioridad negociadora alguna cesión. Así, en la catarata propagandística que se avecina se soslayarán los aspectos intocables comentados para, a cambio, alardear de que que el nuevo decreto ley rebaja la división entre contratos indefinidos (12,5 millones) y temporales (4,4 millones), sustituyendo gran parte del temporal por el fijo-discontinuo en tres tipos de actividades. Sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo. El primero sólo podrá responder a dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador. Y junto a ello algo difícilmente explicable para las otras Españas (asalariados del sector privado y autónomos): el texto deroga (esta vez sí) los ERE en el sector público que había introducido la reforma laboral en 2012. Un agravio comparativo (otro más) que ahonda la cada vez más insostenible división entre sector privado, autónomos y sector público (del cual provienen la mayoría de nuestros perfiles político-normativos) y que explica la funcionarización de la vida pública y el empobrecimiento en términos financieros, de eficacia y agilidad del funcionamiento nacional.
Pero me temo, además, que con esta ley se cumple también aquella clarividente observación de Ortega: “En España es más importante aquello de lo que no se habla, de lo que se habla”.
Desde que se anunció -años ha- la “derogación de la reforma”, apenas se ha hablado de la gran anomalía patológica que tiene nuestro mercado laboral como reflejo de la contextura de nuestra sociedad entera: un 14,5% de desempleo, que alcanza el 30,5% en la franja de menores de 25 años. Y de la quiebra financiera, antropológica y también moral que eso supone sin que apenas se mencione en el discurso público, mientras se asiste perplejo a cómo se importa mano de obra de manera masiva de otras latitudes para poder mantener nuestro sistema de vida. Como si aceptásemos impasibles, sin debate alguno, unas contradicciones silenciadas que suponen un enmienda a cualquier ley del trabajo que no tenga esa circunstancia en cuenta que tan poco dice de nuestro país.
Hay también en las entretelas de la ley un aire rancio y viejuno propio del mundo de ayer que no se hace cargo de las profundas mutaciones que están sucediendo en el mundo laboral y que se han visto catalizadas por la pandemia: el modelo híbrido de teletrabajo, la digitalización de los puestos, la creciente brecha digital, las nuevas formas (que hay que pensar) del contrato psicológico empleado-empresa y las fórmulas novedosas -bien que atemperadas- de las metodologías ágiles como factor competitivo, entre otras. Parece, paradójicamente, como si este progresismo que dice mirar sólo al futuro prefiriese ignorar las nuevas realidades en las que habrá que vivir y trabajar y refugiarse en cambio en los esquemas estructurales de un cómodo ayer.
Vuelvo al principio. Lo más relevante de esta reforma -llevamos 50- es el grado de mentira premeditada que su elaboración ha encerrado, levantando falsas expectativas en los más esperanzados a cambio de un número significativo de votos. A sabiendas, por eso es una falsificación tan grave, de que nunca podía llevarse a cabo. Y que recuerda como un calco a aquella otra del “De entrada, no” a la OTAN que tanto daño hizo a la credibilidad de nuestro discurso político y que fue el principio de nuestra sostenida degeneración democrática.
Mientras, asistiremos atónitos a la gran propaganda que se avecina encarnada por una ministra de Trabajo omnipresente en los medios portando impávida en su bolso un ejemplar prologado del Manifiesto comunista, ese mismo que dice en boca de Marx y Engels en su sección III: “Todo el socialismo de la burguesía se reduce, en efecto, a una tesis, y es que los burgueses lo son y deben seguir siéndolo... en interés de la clase trabajadora”. Y de Frankfurt-Bruselas.
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