REFORMAS CON CONSENSO PARA DAR CERTIDUMBRE
Cuando el pasado verano se firmó el acuerdo con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, hacía más de una década que no se lograba ningún acuerdo sobre este asunto con empresarios y sindicatos en el diálogo social. También hace ahora 15 años que Gobierno e interlocutores sociales no alcanzaban un acuerdo para modernizar el mercado laboral. Muchos decían que en nuestro país no era posible el diálogo, que nuestra cultura política nos incapacitaba para la cesión mutua y la búsqueda compartida del bienestar social. Pero tras un intenso trabajo, y en unos plazos muy ambiciosos, hemos logrado llegar a acuerdos en el ámbito laboral y de pensiones, desmintiendo con rotundidad este fatalismo. La pluralidad de intereses y de opiniones no nos incapacita para el acuerdo, más bien al contrario, enriquece y da solidez a los acuerdos alcanzados.
Se trata además de reformas profundas, estructurales, que modernizan el funcionamiento de aspectos centrales del funcionamiento de nuestra economía, y que corrigen patologías y disfuncionalidades pasadas. Son reformas que hacen que nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de pensiones se aproximen a los de nuestros vecinos europeos.
En efecto, acabamos de consensuar con patronal y sindicatos una modernización integral de nuestro mercado laboral que permitirá combatir dos de las grandes anomalías históricas del nuestro país: la alta tasa de temporalidad y el elevado desempleo estructural. Estas anomalías son dañinas para todos: por supuesto para los trabajadores, especialmente para los más jóvenes, que han venido experimentando altos niveles de precariedad y desempleo. Pero también para nuestras empresas, ya que el recurso casi exclusivo a la contratación temporal como mecanismo de ajuste tiene un elevado coste en términos de productividad y de acumulación de capital humano. Esta forma de ajustarse a los vaivenes de la economía hacía que el mercado de trabajo expulsara a demasiados trabajadores en épocas de crisis, lo cual las alargaba y las hacía más costosas en términos de empleo y bienestar.
Esta reforma ha tomado como referencia la experiencia de flexibilidad interna en el mercado laboral que hemos vivido durante los meses de crisis sanitaria. En efecto, la pandemia nos ha llevado a “ensayar” medidas que hasta ahora habían tenido en España un recorrido muy limitado, como los ERTE. Este esquema de protección al empleo sirvió no solo para dar certidumbre y evitar la ruptura de millones de relaciones laborales, sino también para facilitar una rápida reactivación de la economía y el empleo cuando las circunstancias lo han permitido. Hoy, la práctica totalidad de trabajadores suspendidos han vuelto a la actividad, y el nivel de empleo es superior al previo a la pandemia.
En esta reforma hemos mejorado los ERTE ya existentes, por causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción (ETOP), facilitándolos e incentivando la formación de los trabajadores afectados por ellos. También, hemos incorporado la posibilidad de utilizar ERTE de fuerza mayor por impedimento o limitación, que se activarán de forma ágil como ha ocurrido excepcionalmente durante la pandemia. Y se ponen en marcha nuevas modalidades (el mecanismo RED) para que, en condiciones macroeconómicas adversas o para sectores en transformación estructural, el acceso a estos mecanismos de suspensión de empleo se produzca en condiciones más ventajosas para las empresas y trabajadores, evitando las rupturas de las relaciones laborales y dejando el despido como un último recurso. En ambos casos, además, se incentiva la formación de los trabajadores mientras dure su suspensión, con el objetivo de corregir uno de los déficits de nuestro mercado laboral: el de la formación en la empresa de nuestra fuerza de trabajo.
El objetivo de todo este conjunto de medidas es dar un nuevo marco de flexibilidad a las empresas, compatible con una mayor estabilidad en el empleo. Los mecanismos de flexibilidad interna deben funcionar no solo durante las crisis, sino también en tiempos de normalidad en unos momentos de intensas transformaciones tecnológicas acompañadas de cambios en la demanda. Para minimizar el tiempo en el desempleo de nuestros trabajadores, es fundamental incentivar su recualificación y, en definitiva, ofrecerles un horizonte de estabilidad que les permitirá acometer sus proyectos vitales con mayor confianza.
El punto de partida de la recién aprobada reforma de pensiones es también la reducción de la incertidumbre. Respondiendo al ambicioso conjunto de recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó hace un año, la reforma da seguridad a los pensionistas de hoy, pero también a los de mañana. Lo hace estableciendo una fórmula sencilla para garantizar su poder adquisitivo de manera permanente. Y, paralelamente, reforzando la posición financiera de la Seguridad Social mediante la asunción de los llamados gastos impropios por parte de los presupuestos del Estado. Estos gastos han sobrecargado indebidamente las cuentas de la Seguridad Social, dando lugar a déficits y al vaciamiento de su fondo de reserva. Gracias a esta medida, podremos acabar la legislatura restaurando el equilibrio presupuestario en nuestro sistema público de pensiones.
Además, la reforma despliega una amplia batería de medidas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sistema. La más importante desde el punto de vista cuantitativo es la del acercamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria. Tenemos una edad de jubilación adecuada, pero que no se acaba reflejando en la edad real en la que los trabajadores acceden a la pensión. En esta reforma se incluyen una variedad de medidas para permitir que aquellos trabajadores que lo desean puedan prolongar su carrera laboral y se beneficien gracias a ello. También se pone en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que evita los recortes en la pensión inicial que, especialmente para los jóvenes, preveía el Factor de Sostenibilidad. Este mecanismo dotará de recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que reforzará al sistema durante las dos décadas en las llegarán a la jubilación generaciones de pensionistas especialmente numerosas.
En línea con el calendario del Plan de Recuperación, en 2022 completaremos la reforma, impulsando los planes de empleo a través de la negociación colectiva, desarrollando un nuevo sistema flexible para que los autónomos coticen en función de sus ingresos, adecuando el periodo de cómputo de las pensiones a las nuevas realidades laborales, más fragmentadas e irregulares, y revisando las bases máximas de cotización y de pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema.
En menos de dos años, este Gobierno, mientras respondía a una pandemia, ha abordado reformas estructurales profundas como estas, u otras también fundamentales como la de la Formación Profesional o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Son reformas ambiciosas, y pensadas para el medio y largo plazo.
Por ello, tan importante como la sustancia de las medidas que incorporan es la forma en las que se han adoptado. Sabemos que las reformas duraderas son las que no se hacen unilateralmente, sino aquellas en las que los intereses legítimos de todos los afectados son tenidos en cuenta y en la que todos nos convertimos en copartícipes de su éxito futuro. Por ello, estas reformas han sido fruto del diálogo intenso y constructivo con los grupos parlamentarios, las autoridades europeas y los interlocutores sociales, con los que los hemos consensuado su contenido. Contar con todos hace que el proceso sea a veces más complicado, pero es imprescindible para lograr que los resultados sean mejores, más inclusivos, y más robustos en el tiempo. Es, en definitiva, la mejor manera de impulsar un crecimiento sostenible del que se beneficie toda la ciudadanía.
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