EL CONGRESO SE FRAGMENTA
Es frecuente encontrar en los programas de los partidos políticos y en las declaraciones de sus dirigentes afirmaciones a favor de una reforma del Senado que garantice la estructura descentralizada del Estado. Así, por ejemplo, en la Declaración de Granada del PSOE se puede leer: “Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”.
Han pasado años y ahí permanecen los firmantes de aquel texto aferrados a esta partitura sin mostrar la más mínima incomodidad. Nada han hecho para avanzar en esa dirección, que -de observarse- estaría en la mejor tradición de los sistemas federales; sin embargo, han logrado en estos últimos años de gobierno, retorciendo la sindéresis política más elemental, convertir el Congreso de los Diputados en esa anhelada “Cámara de representación territorial”. Recordemos sus nombres: Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Junts per Cat, En comun, Candidatura Unidad Popular per la Ruptura, Coalición Canaria, Més Compromís, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe. Formaciones políticas unidas por el hecho de cultivar, como centro de sus desvelos, su propio ombligo.
Con ellas ha tejido la actual coalición en el poder los más pintorescos pactos, primero para conformar el propio Gobierno y, segundo, para aprobar Presupuestos, leyes, decretos y cualquier otra ocurrencia que exija el respaldo parlamentario: para éste una carretera, para aquél un museo, al del este una partida presupuestaria destinada a hacer de su capa un sayo, al del norte un tren con todo su equipamiento y por ahí seguido. En el futuro, los historiadores explicarán que, gracias a estas filigranas, se fue tramando el “Progreso” de España.
¿A quién puede extrañar que, advertidos los rendimientos que generan estas incoherencias, se anuncie la presentación de candidaturas locales en varias capitales que se sienten fundadamente preteridas? ¿Es que los habitantes de Soria son de peor condición que los de Gerona? ¿Es que un votante de Cuenca no tiene los mismos derechos que uno de San Sebastián?
Hasta ahora así lo han considerado los gobernantes de territorios como Cataluña y el País Vasco, forjadores de mitos nacionales, raciales y demás bisutería, hasta que los ciudadanos de provincias, que creían formar parte de una España cohesionada y solidaria, se han dado cuenta de que han estado desempeñando a la perfección el papel del panoli en el teatro de la política. Y, sépase, “panoli” es, según el DRAE, “persona simple y fácil de engañar”.
Y así, estos conciudadanos, habitantes de las esquinas o de los hondones de España, se han hartado. Han aprendido, a la vista del espectáculo, que a la entrada del guiñol electoral se ha escrito con letras capitulares la siguiente frase: “El que no llora, no mama”. Un dicho popular éste convertido en argumento categórico basado en el ser mismo de la cosa pública en su versión moderna que, como sabemos, es transversal, multinivel y empoderada.
Es de ver con la seriedad que en Valencia -por poner una verbigracia- sus fuerzas políticas defienden que la Comunidad está insuficientemente financiada, lo que es verdad a la vista de datos y números, pero al mismo tiempo contemplan esa misma lacerante situación en Castilla y León como una penalidad de escasa cuantía o, en boca de los juicios más exaltados, como un castigo merecido (por cultivar trigo, por ser de derechas, por asistir a procesiones, por no tener lengua propia, etc).
Uno de nosotros escribió hace años el libro El Estado fragmentado. Imperio austro-húngaro y brote de naciones en España (coautor: Igor Sosa Mayor). Fue en la primera década de este siglo. Recibimos del entorno gubernamental (Zapatero) las peores descalificaciones: los autores son de derechas, no saben de lo que escriben y no advierten que la unidad de España está asentada con firmeza. Tales lindezas tuvimos que aguantar.
Recordarán los del plan antiguo del Bachillerato que en el Congreso de Viena se solía decir “el Congreso se divierte”, en alusión a los bailes, banquetes, amoríos y francachelas que servían de decorado a los acuerdos de aquel momento histórico.
Hoy debemos decir, entre nosotros, que “el Congreso se fragmenta”. Ahora bien, preciso es saber que al final de esta aventura, fomentada irresponsablemente por quienes deberían manejar la gobernación de España con lealtad hacia todos sus componentes, lo que nos va a salir es un Estado ingobernable, un popurrí en el que quedarán definitivamente asentados los privilegios y las discriminaciones y sepultadas la libertad y la igualdad de todos. Dicho de otra forma, un churro (dicho sea con perdón del ameno desayuno madrileño). Y todo ello con sus inspiradores envueltos en la bandera del Progreso.
Produce fatiga al entendimiento oír que “debemos caminar hacia una España federal”. Sépase que si algo caracteriza a los federalismos serios es la existencia en ellos de partidos nacionales fuertes, columna vertebral de ese esqueleto delicado que es toda organización pública descentralizada. Piense el lector en los Estados Unidos de América o en la cercana Alemania, donde se acaba de constituir un Gobierno de tres partidos, los tres con seria implantación en todo el territorio nacional.
Por recurrir a otro símil: sin los arbotantes de los partidos nacionales, esa filigrana arquitectónica que es el Estado democrático federal se viene abajo. Pues bien, nosotros tenemos invadidos por termitas esos arbotantes.
¿Tiene todo esto solución? Difícil, porque nos hallamos en un estadio muy avanzado, ya que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han pasado gozosos durante decenios por las horcas caudinas construidas por los nacionalistas. Les han colmado de privilegios, exenciones, fueros, prerrogativas, inmunidades y ahora, claro es, otros -en rincones olvidados de España- quieren lo mismo.
Pero debería intentarse la rectificación acometiendo esos dos partidos la reforma de la legislación electoral que obstinadamente nunca han deseado. Es decir, el partido socialista y el popular deberían hacer lo mismo que han hecho hace unos días para repartirse los puestos en el Tribunal Constitucional.
Porque el panorama no puede ser más desolador: en las elecciones celebradas en noviembre de 2019, Más País necesitó medio millón de votos para obtener tres escaños. Menos votos recibió Junts per Cat que, sin embargo, disfruta de ocho. Pero es que, además, Bildu, con la mitad de votos que Más País, goza de cinco escaños. También el PNV con 370.000 votos tiene asegurados seis. Hay otras notables diferencias: los republicanos de Cataluña, con algo más de 800.000 votos, tienen 13 escaños, mientras que “Ciudadanos” con el doble de votos solo dispone de 10 asientos. En fin, la formación Teruel existe no alcanzó los 20.000 votos y cuenta con un escaño; mientras que PACMA con casi 230.000 votos no cuenta con ningún diputado.
Es tan burda la distorsión de la representación popular, el fraude electoral en definitiva, que alguien debería pensar en corregir el rumbo, a tal efecto pensamos que el Consejo de Estado publicó en el año 2009 un valioso informe cuyo sueño en alguna gaveta perdida alguien debería despabilar.
Hora es, pues, de abandonar la polémica sobre la reforma de la Constitución, imposible en un Estado donde piafan desbocados los caballos de la deslealtad, e intentar algo más hacedero como es dar a luz una nueva ley electoral.
Pero que nadie se haga ilusiones: nada se hará. Sólo el griterío y los insultos tienen asegurado su sitial de honor. Y así la democracia española se irá desnutriendo y desnutriendo, degradadas sus instituciones a un decorado de cartón piedra. Sin que se avizore esperanza alguna ni remedio que consuele.
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