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CGPJ: el último bastión; por José Manuel Maza Muriel, abogado

30/11/2021
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El día 30 de noviembre de 2021 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de José Manuel Maza, en el cual el autor considera que es hora de abandonar la política de cuotas entre los principales partidos políticos para elegir a los representantes de la Justicia y sustituirla por una política de consenso y excelencia.

CGPJ: EL ÚLTIMO BASTIÓN

El pacto entre los dos grandes partidos nacionales en relación con la renovación del Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos es, en sí misma, una buena noticia. Sin embargo, las formas, siempre importantes en la cosa pública, no han sido las mejores, pues que el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, haya sido uno de los principales interlocutores de la renovación es un hecho de gran obscenidad que no debemos dejar de denunciar. Esto es relevante ya que, por ejemplo, en el caso del TC, la elección de los cuatro magistrados pendientes de sustitución correspondía en exclusiva al Congreso de los Diputados. Por tanto, el ámbito parlamentario debió ser el lugar de negociación y decisión, sin injerencias de otros poderes del Estado. Por contra, podemos afirmar que el PP fue más respetuoso con la liturgia constitucional pues, por ejemplo, el ofrecimiento de pacto por el líder de la oposición se hizo durante sesión plenaria de la Cámara y la posterior rueda de prensa de su secretario general (que, por cierto, es diputado) tuvo lugar a las puertas del Congreso en compañía de la portavoz del grupo parlamentario popular. Estos detalles pudieran parecer insignificantes pero, cuando hablamos de cuestiones de Estado, las formalidades se antojan imprescindibles.

Del pacto consumado entre los principales partidos ha quedado fuera la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el cual, por cierto, no nos cansaremos de repetir que este órgano constitucional no se puede identificar con el poder judicial, como se suele hacer constantemente, pues el conocido como tercer poder se incardina exclusivamente en todos y cada uno de los jueces y magistrados que cumplen con sus labores jurisdiccionales. Hasta la fecha, el principal partido de la oposición ha sido inflexible en la defensa de la necesaria reforma del órgano de gobierno de los jueces para que su elección vuelva al espíritu constitucional y cumpla con los estándares de la Unión Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa. En este sentido, para ser una opción creíble en materia institucional, la responsabilidad política solo puede llevar a no pactar su renovación hasta que no se aprueben las reformas legales tendentes a que los 12 vocales de extracción judicial del próximo CGPJ sean elegidos mediante sufragio directo por sus pares. Y hay que ser claros en el mensaje: llegados a este punto, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser inmediata y no demorarse en el tiempo, pues sería incomprensible para la opinión pública que, después de tres años con el mandato expirado, se nombrase un nuevo CGPJ mediante el sistema actual, pues adolece de un desprestigio generalizado difícilmente soportable.

Algunas voces, quizá interesadas, pudieran sostener que el proceso se inició en 2018 y que, por tanto, este debe concluirse siguiendo la misma vía, a saber, postergando la necesaria reforma a perpetuidad. Sin embargo, en mi opinión, esta tesis es contraria a la lógica jurídica por diversas razones, señalando ahora, como botón de muestra, la quiebra de la igualdad de los jueces que accedieron al cargo con posterioridad a la presentación de las candidaturas que se pretenden mantener (a pesar de haber caducado), ya que no han podido participar en el proceso electivo y verían quebrado su derecho de sufragio. Este hecho plantearía de forma cierta que los nombramientos de los nuevos vocales judiciales, elegidos mediante el proceso iniciado en 2018, fueran anulados por el Tribunal Supremo, para vergüenza de sus muñidores. Por tanto, si se cometiese el error de pactar la renovación del CGPJ mediante el sistema actual, este debería iniciarse por completo, comenzando por el correspondiente trámite de presentación de candidaturas judiciales y recepción de las mismas por las Cortes Generales en cumplimiento de la norma vigente.

Los jueces y magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y, en fin, todos los operadores jurídicos, no se merecen el desprestigio constante en el que nos encontramos como consecuencia de políticas cortoplacistas y de conveniencia partidista. Así pues, ya es hora de abandonar la política de cuotas (también conocida como cambio de cromos) entre los principales partidos políticos y sustituirla por una política de consenso y excelencia. En primer lugar porque, desgraciadamente para la estabilidad política del país, el bipartidismo que imperó durante varias décadas ha desaparecido. Por tanto, el respeto al status quo entre las dos principales formaciones políticas es una entelequia del pasado. En segundo lugar, porque la opinión pública percibe como uno de sus mayores problemas el desprestigio de nuestras instituciones, sin recordar que son los verdaderos pilares de nuestra arquitectura constitucional y, por tanto, de nuestra convivencia. Ha llegado el momento, en fin, de que los dos principales partidos no se repartan a escote los cargos, sino que respeten al constituyente en relación con la elección de los miembros de extracción judicial y del turno de juristas del CGPJ, acordando en este último caso nombres de consenso con personas de innegable reconocimiento profesional y sin filiación política conocida. (Nota del autor: aquí no se niega, en absoluto, la posibilidad de que cada persona tenga su ideología, pero sí que esta haya condicionado el desempeño profesional previo a su nombramiento).

Los perfiles a los que me refiero no son una quimera sino que están entre nosotros, en la sociedad civil, atreviéndome a afirmar que todos los profesionales del Derecho conocemos a personas de gran valía que merecerían llegar al final de una exitosa carrera ocupando tan altas magistraturas. Y, como ya dije en estas mismas líneas, el deber de nuestros representantes es buscarlos y persuadirlos para que acepten. Solo así se comenzaría a curar una herida que supura desde hace demasiado tiempo en el seno de nuestra Justicia.

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