ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
En su intervención, Mayte Pérez ha señalado que el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza no le ha trasladado "ningún problema" del servicio de justicia gratuita y ha exigido a los grupos solicitantes de la comparecencia que no utilicen a los colectivos sectoriales "para desgastar al Gobierno".
Ha comentado que la partida presupuestaria para 2022 es de cuatro millones de euros y que es un crédito ampliable, y ha añadido que el Gobierno de Aragón ha mantenido el presupuesto a pesar de que han bajado los índices de delincuencia, recalcando que "nunca se han dejado de pagar los servicios de justicia gratuita". Más aún, ha asegurado que "nunca los abogados y procuradores habían cobrado con tanta celeridad".
Pérez ha echado en cara al PP que cuando gobernó la Comunidad --2011-2015-- los pagos a estos profesionales se demoraban en 18 meses, lo que ahora se ha recortado, aumentándose también el coste, de 150 euros por expediente en 2014 a 196 euros en 2017. También se han incrementado los supuestos en que los ciudadanos pueden solicitar este servicio.
El diputado del PP Fernando Ledesma ha lamentado que "cada vez menos profesionales están dispuestos a prestar este servicio", especialmente en el territorio, emplazando a "reorganizarlo entero". Ha comentado que "es un servicio público muy importante".
DERECHO CONSTITUCIONAL
Desde Cs, Beatriz García ha dicho que los profesionales y los ciudadanos "se merecen una justicia gratuita de calidad, con unos honorarios justos y con trámites ágiles y sencillos", recordando a la consejera que es una competencia suya.
En representación de VOX, David Arranz ha recalcado que la justicia gratuita es un derecho recogido en la Constitución y propio del Estado social y de Derecho, y es un servicio "imprescindible, de vital importancia", añadiendo que la inmensa mayoría de los profesionales lo prestan de forma "vocacional".
El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha subrayado que la partida presupuestaria para este servicio es ampliable, añadiendo que es un servicio público y que quienes lo prestan realizan "una labor encomiable", negando que el Gobierno haya incurrido en una "dejación de funciones".
La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha dicho que la Constitución garantiza el derecho a la justicia gratuita y que "no debería haber personas fuera del sistema por motivos económicos", reivindicando los servicios públicos "accesibles, dignos y de calidad".
La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha tildado las intervenciones de los grupos solicitantes de "despropósito" y ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "ha avanzado" en esta materia. El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha afirmado que el Gobierno de Aragón está haciendo "lo posible" para mejorar este servicio y ha hecho notar que se han subido las cuantías por su prestación.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por avanzar "mucho más rápido y mejor" para desarrollar este servicio público y ha llamado la atención sobre "la excesiva burocratización" del mismo.
