Con el objetivo de reflexionar sobre las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial al sistema de Administración de Justicia y algunas cuestiones relacionadas con el reciente Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que ha salido recientemente a consulta pública, y que se enmarca dentro del plan Justicia 2030, hemos invitado a Raúl C. Cancio Fernández (Letrado del Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso-Administrativo).
Los voluntaristas anhelos disruptivos en la plena aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la Administración de Justicia, no enerva, sin embargo, una realidad ineludible -e inevitable- como es la reformulada y creciente demanda social de vincular IA y tribunales. Y más concretamente, entre el algoritmo y la decisión judicial. Ahora bien, a día de hoy, la sustitución directa de la actividad humana en la decisión judicial es puramente quimérica a corto y medio plazo, lo cual no ensombrece un muy apreciable repertorio de acciones benéficas que, en este ámbito, la IA puede dispensar, desde la textualización de vistas al empleo de bots para la atención al justiciable, pasando por la activación de alertas tempranas de índole procesal. Porque, harina de otro costal son las actividades en el ámbito del legaltech privado, tanto descriptivas como predictivas, plenamente desarrolladas e implantadas (no sin algunas severas reticencias penales, como en Francia).
En contraste a esta pujante actividad comercial presciente, únicamente en dos ámbitos puede afirmarse con rigor una epidérmica disrupción en el ámbito judicial hoy: las posibilidades que ofrece la automatización simple en el proceso, merced al empleo de respuestas predeterminadas y el empleo de tecnologías de procesamiento automático de datos en el ámbito audiovisual.
La carencia tanto de un marco regulatorio solvente a nivel nacional y supranacional como el inexistente encuadre procesal ineludible, así como inconvenientes relacionados con el sesgo potencialmente discriminatorio; la vulnerabilidad de derechos fundamentales, verbigracia, en el invasivo ámbito del reconocimiento facial; la pura búsqueda de la imitación tecnológica de las pautas de comportamiento humano; la desnaturalización del principio heurístico o incapacidades técnicas como el todavía incompleto procesamiento del lenguaje humano, son demasiadas servidumbres como para considerar razonablemente viables a los jueces-robots.
Raúl C. Cancio Fernández es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 2003 forma parte del Gabinete Técnico (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo como Letrado del mismo, siendo miembro de su Grupo de Análisis Internacional, destino que compatibiliza con las funciones de analista en el Equipo de Análisis Jurisprudencial del CENDOJ-CGPJ, Relator de jurisprudencia en la delegación española de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea (ACA-Jurifast) y Observador Independiente del European Law Institute (ELI).
En cuanto a su labor docente, imparte anualmente el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III, es Profesor Tutor del Máster de acceso a la Abogacía de la UNED, Profesor ponente invitado en el centro de Universitario Cardenal Cisneros, investigador en diversos proyectos en las Universidades de Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid y UNED, siendo ponente habitual en los cursos del Plan de Formación del Ministerio de Justicia.
La bienvenida y moderación estarán a cargo de Gonzalo Romero Jiménez, socio del despacho Gabeiras & Asociados, especialista en Derecho Digital y Máster Executive en Práctica Jurídica Empresarial del Centro de Estudios Garrigues. Las ponencias durarán 45 minutos y el resto del tiempo estará destinado al debate y participación. Se trata de un encuentro con lista cerrada de invitados que pueden enriquecer el debate.
