MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Así, han superado este trámite las candidaturas de Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, María Dolores Genaro Moya, Diego Íniguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato.
El representante de Junts en este órgano, el diputado Josep Pagès, ha votado en contra, pero dejando claro que no cuestiona el perfil de los candidatos sino que quiere dejar constancia de su rechazo a que su elección sea fruto de un acuerdo únicamente entre los dos grandes partidos. Por su parte, Vox y Ciudadanos han mostrado su protesta por el mismo motivo no participando en el procedimiento.
El siguiente paso es que los aspirantes a un asiento en el órgano fiscalizador sean nombrados por el Pleno del Congreso, lo que está previsto para el próximo 11 de noviembre. El Tribunal de Cuentas está formado por doce consejeros --seis elegidos por el Congreso y otros seis por el Senado-- y los que corresponde designar a la Cámara Baja deben recabar un mínimo de 210 diputados.
Durante su desfile por la Comisión de Nombramientos del Congreso, ni el PSOE ni el PP pero tampoco Junts --los únicos partidos que han 'examinado' a los aspirantes--, ha puesto en cuestión la idoneidad como futuros consejeros, pero sí les han interrogado sobre los retos y desafíos futuros a los que se enfrenta el órgano fiscalizador y, en el caso de Junts, sobre la imparcialidad e independencia con la que actúa y sobre la función jurisdiccional que ejerce.
EL CASO CATALÁN
Sobre todo a raíz de que el Tribunal de Cuentas haya reclamado 5,4 millones de euros, en concepto de responsabilidad contable, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior. Una resolución que el diputado de Junts Josep Pagès considera "un abuso de derecho".
Frente a esto, Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas y candidata del PSOE a continuar en el mismo, ha rechazado que la fiscalización y la causa por responsabilidad contable que llevó adelante esta institución por el gasto exterior realizado por el Gobierno catalán para promocionar el proceso independentista fuera "un abuso de derecho".
Tras Chicano, que se perfila como nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, ha sido el turno de María Dolores Genaro, otra de las consejeras del Tribunal de Cuentas y candidata del PSOE a continuar en la institución.
Genaro ha remarcado el principio de imparcialidad y rigurosidad técnica que ha guiado su trabajo desde el año 2012, ante las dudas expresadas por Pagès sobre el funcionamiento "independiente" del Tribunal de Cuentas teniendo en cuenta el sistema de nombramientos que establece la legislación.
Tras poner en valor el "ímprobo" trabajo llevado adelante por el órgano fiscalizador en los últimos nueve años, en los que se han realizado 450 informes, la mayoría aprobados por unanimidad, Genaro ha expuesto algunos de los retos y desafíos a los que se enfrenta el tribunal en la nueva etapa que ahora comienza.
Entre ellos ha citado la necesidad de mejorar la comunicación haciendo informes "más asequibles" para la ciudadanía y difundiéndolos a través de más canales, como las redes sociales; abrir a la colaboración ciudadana los enfoques de las políticas de programas públicos; impulsar la formación continua de los empleados, incorporando personal con otros perfiles; o fiscalizar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
RIFIRRAFE ENTRE PSOE Y PP
Con imparcialidad y objetividad también ha asegurado que actuará Diego Íñiguez, otro de los candidatos del PSOE al Tribunal de Cuentas, después de que el diputado del PP Eloy Suárez deslizara la desconfianza que pueden despertar las funciones que ha desempeñado vinculadas a gobiernos socialistas.
"Con la que está cayendo con la propuesta de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, que usted siembre desconfianza sobre si (Íñiguez) puede ser o no idóneo para el cargo, me causa rubor, por no decir otra cosa", ha replicado enseguida la diputada del PSOE Elvira Ramón.
Íñiguez ha asegurado sentirse "cómodo" con la doble naturaleza que la Constitución da a dicho órgano, administrativo y jurisdiccional, ante el interrogante que en este sentido le ha dirigido el diputado de Junts. Es más, ha dicho que puede ser útil como futuro consejero para ambas funciones fruto de su formación como jurista y experiencia personal.
De su lado, la candidata Isabel Rodríguez Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, ha puesto de manifiesto su "vocación de servicio público" y ha defendido que el fiscalizador haga una "labor más didáctica" para dar a conocer su trabajo y resultar "más cercano" a los ciudadanos.
Rodríguez Torres ha rehusado responder a las preguntas cuestionando la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas que le ha formulado Pagès. "No sé cuáles serán mis funciones si resulto elegida y no creo que sea el momento más idóneo para abordar estas cuestiones", ha zanjado la compareciente.
SÍ ES UN ÓRGANO JUDICIAL
A la misma pregunta José Manuel Otero Lastres, otro de los aspirantes, ha comentado que no tiene criterio como persona individual de promover posibles modificaciones de la Carta Magna sobre la actividad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas y que es el Congreso al que correspondería cualquier cambio en ese sentido.
En todo caso, ha defendido la función jurisdiccional del órgano fiscalizador porque considera que es casi una consecuencia de todas las competencias que tiene: la de fiscalización y la de enjuiciamiento de las posibles incidencias que se producen en el ámbito de la fiscalización.
Argumentos similares ha esgrimido el candidato Miguel Ángel Torres, hasta ahora jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, quien ha defendido la doble función de este órgano --fiscalización y enjuiciamiento--. De hecho, ha recordado que la de enjuiciamiento está constitucionalizada y se ejerce desde el siglo XVIII.
A su juicio, las secciones encargadas del enjuiciamiento, sí son "verdaderos" órgano judiciales, porque tienen su componente jurisdiccional, y sus actuaciones no son irregulares por no pertenecer al Poder Judicial. En este punto, ha destacado que el jurado en un juicio tampoco lo forman personas pertenecientes al Poder Judicial ni licenciados en Derecho y, sin embargo, el magistrado debe atender sus veredictos.
