MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) y varios de los diputados del partido en Cataluña --que eran parlamentarios durante el 'procés'-- han presentado dentro de plazo las demandas correspondientes contra el Real Decreto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba la concesión de la medida de gracia del indulto a los nueve condenados por el proceso independentista de Cataluña.
En los escritos de demanda, a los que ha tenido acceso Europa Press, queda reflejado que además del partido, también recurren el líder de la formación en Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, la presidenta del Comité de Garantías Andrea Levy, el coordinador de estrategia en el PP catalán Juan Milián y la que fuera líder de Ciudadanos en Cataluña Lorena Roldán.
En concreto, en el relativo al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, la representación legal de los parlamentarios indica que dado que la condición para que haya indulto es que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos, considera que "provoca un severo perjuicio" a sus mandantes en diversas facetas, "en tanto afectado por los hechos delictivos que fueron objeto de condena".
"Y ello por cuanto precisamente de esa afectación dimana (...) el interés legítimo de mis mandantes en el presente procedimiento, en su condición de diputados en el Parlament en el momento de la comisión de los hechos delictivos", explica, para luego añadir que finalmente se ha llegado "a un indulto colectivo, aunque fraccionado en los distintos expedientes, prescindiendo de las circunstancias personales de los condenados".
Subraya asimismo que el perjuicio es consecuencia de los indultos porque éste no es irrelevante para los parlamentarios ya que "causa un claro perjuicio" el hecho de que los condenados no cumplan "íntegramente" la pena impuesta, máxime cuando por ejemplo en el caso de Junqueras, "no ha mostrado el más mínimo gesto de arrepentimiento".
Para sustentar la afectación de los parlamentarios, añade que tanto ellos como el resto de Diputados del Partido Popular en el Parlament sufrieron "la violencia ambiental buscada" a propósito y utilizada "como un elemento de la acción criminal, así como las vulneraciones de derechos fundamentales de los Diputados del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, hechos que formaron parte del tipo delictivo por el que fue condenado el indultado", en referencia a Junqueras.
En el caso de las demandas presentadas por el PP directamente como partido político afectado --"víctima"-- por los delitos que se recogen en la sentencia del Supremo de 2019, indica que "existe un evidente interés del Partido Popular en que, en línea con la STS 546/2013, se mantenga alejado al indultado y a sus graves prácticas objeto de condena de la actividad en que desempeña su función, la política".
SIN ARREPENTIMIENTO
"A mi mandante provoca un claro perjuicio el retorno de los indultados a la actividad, de una forma u otra, en legitimación de sus gravísimas prácticas de las cuales el mismo ha reconocido expresamente no arrepentirse", añaden en la demanda contra el indulto de otra de las indultadas, la exprsidenta del Parlament Carme Forcadell.
Por otro lado, incide el letrado en que el indulto provoca perjuicio al Partido Popular desde la perspectiva de su "legítima aspiración de obtener el favor de la mayoría de los electores para hacerse con el Gobierno y dirigir la política catalana con arreglo a su propio programa".
Explica que el perdón a los condenados no arrepentidos provoca el efecto de legitimar sus acciones delictivas como medio para el ejercicio de la política, y añade que esto minimiza "el reproche unánime que los referidos hechos merecieron a cuantos organismos con potestades jurisdiccionales han examinado". Considera que esto beneficia "a los partidos políticos cuyos líderes orquestaron tales hechos, y que son, indudablemente, competidores directos y naturales" del PP.
LA LEGITIMIDAD
EL pasado viernes fue Vox quien presentó sus nueve recursos, y se apoyó en los informes contrarios a los indultos que emitieron tanto la Sala de lo Penal del Supremo como la Fiscalía con el objetivo de "calibrar si la concesión del indulto está o no motivada y si es o no arbitraria".
Con todo, la Sala Tercera tiene que valorar además sobre los recursos presentados la legitimación de los partidos para poder recurrir decisiones como la del Gobierno al conceder los indultos a los condenados. Esta legitimación, unida a la escasa jurisprudencia existente sobre este asunto --proclive además a respetar las decisiones del Ejecutivo sobre la medida de gracia siempre que estén suficientemente motivadas--, son los principales obstáculos que pueden encontrarse Ciudadanos, Vox, PP y el resto de partes que han decidido recurrir.
