MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Fuentes del Ministerio de Justicia, consultadas por Europa Press, indican que ese grupo --cuya creación ha avanzado El Español-- estará formado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores de España. Cada institución está en estos momentos designando a sus miembros.
Señalan que dado que es una reforma muy importante, que afecta a un aspecto estructural de la investigación procesal, que es la fase de instrucción, en la que cobrará un nuevo protagonismo la figura del fiscal como impulsor de la misma en detrimento del juez de instrucción, es necesario conocer la opinión de los actores que participan en el proceso.
Esta reforma de la LECrim, impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, crea además la figura del juez de garantías, que se encarga durante la instrucción de todo aquello que afecta a derechos fundamentales. Las fuentes consultadas indican que dado que existe un informe del Ministerio Público que dice que el texto no se ajusta del todo a las necesidades de Fiscalía, ahora se ha decidido abrir ese nuevo grupo de instituciones que tienen que ver con el proceso penal, y en paralelo otro grupo de expertos avanzará en la redacción del texto.
EL CONSEJO FISCAL
Esta decisión llega después de que se conociera que el Consejo Fiscal había aprobado en julio por unanimidad el informe del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y que no obstante pedía algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías. El consejo se reunió por tres días para debatir sobre este asunto en el Pazo de Mariñán, en la localidad de Bergondo (A Coruña).
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dijo entonces que el anteproyecto "cambia completamente el modelo procesal" vigente desde 1882, "que no era malo, pero había que actualizar".
Antes, en el mes de junio, trascendió un borrador de informe sobre la LECrim elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y que firmaba Delgado, en el que se hacía una "valoración general desfavorable" del proyecto porque adolecía de importantes fallos por las "exorbitantes funciones" que seguiría concentrando el denominado juez de garantías.
