TOTALITARISMO EN LA UNIVERSIDAD
Una señal de totalitarismo que no debe minusvalorarse es la falta de neutralidad de las administraciones. En la democracia que se practica en Europa occidental desde el fin de la II Guerra Mundial, se asume sin gran debate que los partidos que llegan al gobierno han de ejercerla en interés de todos y sin pretender que la propia Administración a la que sirven se adscriba a las posiciones que quienes la gobiernan puedan sostener. Hacerlo de otra forma supondría convertir en oficial una determinada ideología, y eso implicaría una limitación de la libertad de todos. Quienes no comulgaran con los planteamientos que se han convertido en oficiales estarían, solo por eso, discriminados respecto a quienes sí los comparten. Si además esa preferencia del poder público por unas posiciones políticas frente a otras se traduce en un trato de favor a quienes las sostienen o en la desprotección o persecución de quienes discrepan ya no habría dudas de que estamos ante un régimen totalitario.
Es un camino que se puede recorrer a más o menos velocidad; pero que difícilmente tendrá soluciones de continuidad: toma de partido de las administraciones, oficialización de una determinada ideología, discriminación a quienes no comparten esa ideología, desprotección de quienes no se adscriben a ella y persecución a quienes discrepan.
En las universidades públicas catalanas ya se han recorrido cuatro de esas cinco etapas. Las universidades públicas, que son administraciones y que, por tanto, están obligadas a respetar la neutralidad que impone el artículo 103 de la Constitución, hace tiempo que han decidido oficializar el nacionalismo como doctrina propia y a esto han seguido los pasos que acabo de enumerar.
La oficialización del nacionalismo se ha traducido, por ejemplo, en la ubicación de símbolos como el lazo amarillo en la página web oficial de las universidades o en la presencia en los edificios de la universidad de llamadas a la independencia en forma de pintadas que no solamente son autorizadas, sino protegidas por las autoridades académicas; y que si son tapadas en período de elecciones es solamente por las órdenes que emiten en este sentido las juntas electorales. Junto a estos símbolos abundan las declaraciones de órganos de gobierno o claustros en favor de posiciones nacionalistas y la participación de rectores de las universidades, en su calidad de tales, en actos políticos de apoyo al nacionalismo.
Los tribunales ya se han pronunciado sobre este tipo de declaraciones, y han establecido que, en tanto en cuanto emitidas por administraciones públicas, suponen una vulneración de la obligación de neutralidad de tales administraciones y una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria. Esto no ha impedido ni que sigan produciéndose ni que sean difundidas a través de las páginas web de las universidades. Ya no es solamente que la declaración en sí sea, como se acaba de indicar, una vulneración de la libertad ideológica, sino que el continuar emitiéndolas tras la desautorización de la Justicia supone una quiebra adicional a principios democráticos básicos.
Pero la imposición no se limita al ámbito difuso de las declaraciones. Tal como señalaba al principio, a la oficialización de una determinada ideología sigue la limitación de la libertad ideológica de los que no la comparten y su discriminación; discriminación que ya no es meramente teórica, sino que tiene consecuencias prácticas. Es el caso sufrido por los jóvenes de Societat Civil Catalana en la UAB, quienes fueron expulsados del directorio de colectivos de la universidad tras una campaña en este sentido organizada por estudiantes nacionalistas. Los tribunales acabaron declarando que dicha expulsión había supuesto una discriminación por razón ideológica que limitaba la libertad ideológica y de expresión de los estudiantes constitucionalistas.
El penúltimo paso es la falta de protección de quienes discrepan del nacionalismo. Es una etapa en la que llevamos años inmersos, pero que en los últimos tiempos se ha intensificado. Cuando estudiantes constitucionalistas pretenden, como hacen otros colectivos, instalar una carpa informativa en el campus universitario lo habitual es que sea acosada por nacionalistas que se llaman a sí mismos ‘antifascistas’. Hace pocos días vivimos uno de esos episodios en la Universidad Autónoma de Barcelona. El colectivo ‘S’ha Acabat!’ había instalado una carpa informativa en la Plaza Cívica del campus, los nacionalistas rodearon la carpa y ante la ausencia de policía que la protegiera la destrozaron e insultaron y acosaron a los constitucionalistas que allí estaban (estábamos). Lo que más debería llamar la atención en este caso no es ya la acción de los grupos violentos, sino la ausencia de la policía, pese a que fue avisada reiteradamente de que se estaba impidiendo que los estudiantes desarrollaran su actividad y de que se amenazaba con atacar la carpa, como finalmente sucedió. Esta ausencia de actuación de la policía, que se repite con frecuencia, implica un desamparo para quienes discrepan con el nacionalismo que encaja perfectamente en una estrategia totalitaria en la que las autoridades permiten selectivamente que grupos actúen en la calle en contra de la ley y vulnerando los derechos de quienes se oponen al pensamiento que se ha convertido en oficial. Es, como vemos, el penúltimo paso en la construcción de un sistema totalitario, que precede a la última: la persecución directa al discrepante.
Esta es la situación en Cataluña y, especialmente, en sus universidades. La ideología oficial nacionalista está presente en los edificios públicos, las autoridades académicas la hacen suya con desprecio a las sentencias judiciales, se discrimina a quienes se oponen a ella y se permite que los violentos intimiden a quienes osan manifestarse en su contra, sin que la policía llegue a intervenir para proteger a los agredidos y perseguir a los agresores.
Lo anterior es una mera descripción de los hechos. La tarea que queda ahora es asumir su enorme gravedad y poner los medios para revertir la situación. Y aquí todos deberían comprometerse. Por supuesto, el Gobierno de España y, especialmente, su ministro de Universidades; pero también la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas; las fuerzas políticas; los jueces y fiscales, persiguiendo los delitos que se cometen al impedir el ejercicio de derechos fundamentales; y el conjunto de la sociedad, con un rechazo claro a la violencia, a la discriminación por razón ideológica, a la instrumentalización de las universidades y a la oficialización de ninguna ideología por parte de los poderes públicos.
Desandemos el camino antes de que sea tarde.
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