En total, 10 de las 11 recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación se consideran “cumplidas” o “parcialmente cumplidas”.
En el informe, publicado hoy, se destacan la adopción de códigos de conducta, buenas prácticas y medidas para fomentar la transparencia en el ámbito parlamentario y en el del Ministerio Fiscal.
Respecto al área de parlamentario, entre las recomendaciones que se consideran cumplidas, se encuentra la relativa a la adopción del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por las Mesas del Congreso y el Senado bajo el impulso de la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, en su etapa como presidenta del Senado, y de Meritxell Batet, como presidenta del Congreso.
En este ámbito, el GRECO apreció tres recomendaciones como “cumplidas parcialmente” en junio de 2019, que ahora las califica como “cumplidas”. Además de la aprobación del Código de Conducta, se han adoptado medidas prácticas de asesoramiento a los parlamentarios sobre cuestiones éticas y posibles conflictos de intereses; se ha establecido una nueva declaración de intereses económicos de diputados y senadores; y se ha revisado el sistema de supervisión y control de las declaraciones y demás normas de conducta aplicables a los parlamentarios.
En el ámbito del Ministerio Fiscal, el GRECO valora positivamente la adopción de su Código Ético y de medidas de asesoramiento en materia de conflictos de intereses e integridad pública. En su informe, el GRECO considera que, si bien se ha avanzado, aún existe campo de mejora respecto de la regulación de las relaciones de los parlamentarios con los grupos de interés (lobbies); en la adopción de criterios objetivos para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura que refuercen la transparencia de estos procedimientos; en la autonomía en la gestión de medios del Ministerio Fiscal; o respecto a la adopción de un marco normativo específico en materia disciplinaria para el Ministerio Público.
Por otro lado, el GRECO considera “no cumplida” la recomendación para realizar una evaluación del marco normativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Finalmente, el informe señala que España deberá informar, no más tarde del 31 de marzo de 2022, sobre los avances realizados en relación a las recomendaciones todavía pendientes.
