ESCÁNDALOS SEXUALES Y POLÍTICA
El escándalo es una absoluta pesadilla en la política. Sobre la cabeza del ya ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo se ha desatado la tormenta perfecta. Un escándalo sexual, avalado por informes de su propia Fiscalía. La presión del ala izquierda del Partido Demócrata, con el apoyo del movimiento #MeToo. Y, sobre todo, la censura lanzada por el presidente Biden contra él. Todo ello ha sido decisorio para que dimitiera de su cargo. Digamos de pasada que es paradójico que Biden haya sido precisamente el detonante de la renuncia cuando él mismo hubo de sortear unos meses antes de la elección presidencial la declaración de ocho mujeres que le acusaron de ser objeto de actos inapropiados por su parte. Entre ellas, Tara Reade, ex asistente del por entonces senador, que acaba de lanzar con motivo del escándalo Cuomo la propuesta de que el hoy presidente sea investigado por el Congreso acerca de las acusaciones sexuales contra él.
Hace unos años solía decirse que, en materia de escándalos, el dinero es más peligroso que el sexo. No estoy seguro de que hoy sea así. Si echamos una ojeada al panorama político o alrededores, por ejemplo el príncipe Andrés de Inglaterra se vio obligado a apartarse de las funciones públicas por el caso Epstein y esta misma semana se ha conocido la demanda civil presentada en Estados Unidos por Virginia Giuffré, quien le acusa de abusar de ella cuando era menor de edad. El amigo del príncipe, el magnate Jeffrey Epstein, acusado de trata y abuso de menores, se ahorcó en una prisión de Manhattan.
En fin, el número de mujeres que acusan a Harvey Weinstein de abusar sexualmente de ellas no ha hecho más que aumentar. El que fuera uno de los mayores productores de Hollywood ha visto cómo su imperio se ha derrumbado tras la declaración en su contra de 20 mujeres.
En el ámbito angloamericano, tal vez el escándalo protagonizado por el presidente Clinton con la becaria Lewinsky ha sido el más sonado. Como dice Joe Klein, Clinton convirtió en una embrollada cuestión legal un acto pasional, intentando redefinir lo que era sexo. Traicionó a su esposa y a su equipo, y entregó un arma humeante a quienes aborrecían cuanto él defendía. En fin, desperdició ocho meses del precioso tiempo presidencial por una mentira. Hoy, si se confirmaran las supuestas relaciones de Kennedy con conocidas mujeres de la época (Marilyn Monroe o Angie Dickinson), su magnetismo le jugaría una mala pasada, horadando su reputación notablemente.
En fin, todavía son noticia los escándalos sexuales del general David Petraeus con una amante descuidada en el manejo de documentos de alto secreto y que le llevó a dimitir de sus cargos: o el de Ted Kennedy y Mary Jo Kopechne, una secretaria de 28 años, ahogada por una negligencia del primero, que supuso que no se presentara a las primarias presidenciales de 1972 y se retirara de las de 1980. Por no hablar del escándalo protagonizado por Gary Hart: en plena campaña presidencial, y con todas las cartas a su favor, el 3 de mayo de 1987 se descubrió que había sido infiel a su mujer con la modelo Donna Rice. Él lo negó categóricamente. Pero los investigadores de los medios lo demostraron palmariamente y se vio obligado a dimitir como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata.
¿Cuál es la razón de que los escándalos sexuales tengan hoy una potente capacidad corrosiva para los afectados?
Para contestar a este interrogante conviene distinguir entre la cultura política angloamericana y la cultura latina. La primera siempre ha sido muy sensible a las infidelidades sexuales de sus personajes públicos, entendiendo instintivamente que los valores morales son importantes en quienes ejercen el poder político, y que quien es proclive a engañar a los más próximos no tendrá previsiblemente muchos escrúpulos en engañar a otros más lejanos -sus votantes o la ciudadanía en general-. En el ámbito mediterráneo y latinoamericano ha habido tradicionalmente una mayor permisividad a los deslices sexuales de sus gobernantes, probablemente sobre la base de que el ámbito de la moral pública y de la moral privada son diferentes, y que las infracciones de la segunda pertenecen al ámbito de la privacidad y no necesariamente se traducen en falta de responsabilidad en las funciones públicas.
La perspectiva latino-mediterránea, me parece, es bastante ingenua. Es cierto que la moral pública y la privada son diferentes, y se rigen en parte por criterios distintos. Pero también es cierto que los seres humanos no funcionamos por compartimentos estancos, y nuestro comportamiento -con sus contradicciones, inevitables- tiende a una cierta consistencia. De hecho, en nuestro entorno cultural, no son raros los casos de personajes políticos a quienes se ha tolerado un comportamiento de infidelidad en su vida privada, dando por sentado que eran honorables en la vida pública para descubrir, años después, que tal honorabilidad era mera fachada, y que su falta de moralidad privada iba acompañada de corrupción en sus funciones públicas.
Más sabio parece por ello el planteamiento angloamericano, más severo con el infractor. El ciudadano, que se ve a sí mismo como pagano del aparato del Estado (taxpayer) no perdona que alguien pueda jugar con el dinero público. De ahí que las infidelidades sexuales en Estados Unidos, y otros países que comparten su cultura, como hemos visto, hayan acabado con prometedoras carreras políticas.
El caso del acoso sexual es diferente al de la infidelidad, pero tiene con ésta importantes analogías. En primer lugar, un dato de hecho: la mayor parte de situaciones de acoso son protagonizadas por personas ya comprometidas. Es decir, implican una infidelidad -al menos intencional- a la que se añaden otros factores agravantes: el intento de forzar la voluntad de la persona acosada y, a veces, el abuso de poder.
Sobre todo por influjo de movimientos feministas -la víctima de los acosos es con gran frecuencia una mujer-, la cultura contemporánea es particularmente sensible a los casos de acoso sexual, y hace bien. Pero es importante identificar los motivos por los que el acoso sexual necesita una respuesta enérgica y ejemplarizante. En primer lugar, porque se trata de un atentado contra la libertad de las personas, en un ámbito tan íntimo como el de las decisiones en materia sexual. Es injustificable presionar indebidamente a alguien, ya sea de manera burda o insinuadora, para que acepte una relación sexual que no es consentida con plena libertad; y, si esa presión se hace desde una posición dominante -política, profesional o incluso familiar- es aún más detestable. En segundo lugar, porque implica una cosificación de la víctima: nada hay de respeto en esa pretendida relación, sino simplemente la utilización de alguien para un placer o capricho, normalmente efímeros.
Por lo demás, no puede extrañar que el acoso sexual sea un comportamiento frecuente en sociedades a las que se inyecta un relativismo moral inflexible y en las que el triunfo -a ser posible fácil y con el menor esfuerzo- se presenta como el único logro que vale la pena. Tiene importancia atacar los síntomas, es decir, castigar las situaciones de acoso con rigor. Pero aún más ir a las causas, lo cual requiere una labor educativa importante en relación con el respeto a la dignidad de cada persona. Educación en sentido amplio: no sólo programas de enseñanza, también el discurso político o el lenguaje mediático. Sociedades en las que el insulto público al enemigo político o ideológico es la regla, y no la excepción, son caldo de cultivo para el acoso sexual, y para cualquier otro tipo de matonismo o bullying.
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