SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Antes de acceder a su cargo de funcionaria de la Delegación de Economía y Hacienda de la Delegación del Gobierno en Cantabria, la trabajadora era personal laboral y tenía reconocidos cinco trienios, por los que percibía 100,8 euros.
Cuando se convirtió en funcionaria, pasó a cobrar por ellos 76 euros y ésta argumentaba que se debía de mantener en su integridad, además debe ser objeto de actualización esta cantidad.
En su sentencia, el TSJC entiende que "no hay duda" de que la cantidad reclamada por la demandante --100,8 euros mensuales-- "es la que debe computarse", con las actualizaciones correspondientes, así como los atrasos que se deriven desde 2015 a 2019 y se condena a la Administración al pago de las costas procesales.
En un comunicado, CSIF ha celebrado esta "pionera sentencia", así como todas aquellas que se dicten reconociendo derechos de los trabajadores, y ha confiado en que la resolución "sirva para que la Administración reconozca este mismo derecho a todos los trabajadores afectados".
