Diario del Derecho. Edición de 17/09/2021
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  • EDICIÓN DE 28/07/2021
 
 

Resuelve el TS en qué consiste el deber de motivación exigible a las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación

28/07/2021
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Se debate en el presente recurso de casación, cuál ha de ser el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación. La Sala, para dar respuesta a la cuestión planteada, parte de que se está en presencia de un acto discrecional y que, como tal, la motivación es imprescindible, por lo que ha de comprender los hechos y fundamentos de Derecho, y las razones que llevan al cese libremente designado de manera suficiente para que el funcionario sepa por qué se le cesa y pueda defenderse de esa decisión.

Iustel

Así, el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación consiste en expresar qué las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren o, si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección 4.ª

SENTENCIA 530/2021, DE 20 DE ABRIL DE 2021

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 7137/2018

Ponente Excmo. Sr. RAFAEL TOLEDANO CANTERO

En Madrid, a 20 de abril de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 7137/2018, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada y asistida por Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, número 137/2018, de fecha de 22 de junio, recaída en el recurso de apelación núm. 180/2017.

Comparece como parte recurrida doña Cristina, representada por la procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Naranjo Torres, bajo la dirección letrada de doña Alicia Esther García Lorente.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpuso por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia núm. 137, de 22 de junio de 2018, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sede de Albacete, estimatoria del recurso de apelación núm. 180/2017, formulado frente a la sentencia de 13 de enero de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Albacete, que estimó parcialmente el recurso núm. 180/2016 instado contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición presentado frente a la resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 18 enero 2016, por la que se resuelve cesar a doña Cristina en el puesto de jefe de servicio de personal, código número NUM000, con efectos administrativos de 15 enero 2016.

SEGUNDO.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso de apelación con remisión a lo recogido en su sentencia dictada en el recurso de apelación núm. 251/2016, planteado frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Albacete, de 24 de mayo de 2016 (procedimiento abreviado 44/2016), que transcribe, tras lo cual concluye con en el siguiente razonamiento:

"TERCERO.-

[...]

El recurso de apelación debe ser estimado al no ser correctos los razonamientos que incorpora la sentencia de primera instancia. Partiendo de que no se cuestiona lo razonado en la sentencia en el sentido de que estima el recurso contencioso por entender que la resolución que acuerda el cese es anulable y no nula de pleno derecho ( artículo 63 de la ley 30/92, actos que no estando comprendidos en los supuestos de nulidad de pleno derecho incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder), nos encontramos ante un supuesto igualmente de invalidez del acto administrativo. Más concretamente, y tal y como hemos argumentado en el fundamento de derecho anterior, no se trata de un defecto de motivación meramente formal, sino de una infracción de índole sustantivo, por falta, como hemos dicho, de la concurrencia de las circunstancias objetivas que justifican la decisión de cese. Reiteramos que para que el cese fuera válido tenía que haberse basado en razones, argumentos y circunstancias o hechos que lo justifiquen y que, como también hemos razonado, no concurren en este caso. Dicho de otra forma, no concurre, (y la falta de motivación se proyecta sobre ello) el presupuesto de hecho que habilitaría el efecto o consecuencia jurídica que se impugna -el cese- por lo que propiamente no procede acordar la retroacción como si se tratara de un mero defecto formal o de trámite, sino anularla por ser contrario al ordenamiento jurídico, como infracción de índole sustantivo.

Como consecuencia de ello el acto deviene ineficaz y, en plena coherencia con ello, dado el contenido decisorio y limitativo de derechos de la resolución que impugna -cese en el puesto de trabajo- la desaparición de los efectos que le son propios necesariamente conlleva la reposición de la recurrente a ese puesto de trabajo, pues sólo de esa forma queda eliminada la eficacia del acto que ha sido declarado no conforme a derecho y por ello se ha anulado.

Como bien expone la defensa de la parte demandante ese es el efecto que se ha establecido en otras sentencias que resuelven controversias con identidad sustancial a la que ahora nos ocupa, y en las que se ha estimado el recurso contencioso-administrativo planteado frente a una resolución que acuerda el cese. No es obstáculo a ese efecto el hecho de que el puesto haya sido objeto de convocatoria posterior y haya sido definitivamente adjudicado a Otra persona. Lo relevante es que se ha garantizado el derecho de defensa del tercero, que ha tenido ocasión de defender los hipotéticos derechos e intereses legítimos que puedan verse afectados como consecuencia de la ejecución del fallo de la sentencia al haber sido oportunamente emplazado ( artículo 21 1 b en relación con el artículo 49 de la LJCA). Tampoco lo es el hecho de que la recurrente haya participado en esa convocatoria posterior pues ello no supone la renuncia o desistimiento del recurso contencioso planteado frente a la resolución que acuerda su cese ni, en consecuencia, puede entenderse que de alguna forma ha rechazado o renunciado al derecho que se le debe reconocer al estimarse su recurso contencioso- administrativo.

Procede, en consecuencia, estimar el recurso de apelación formulado por la parte demandante revocar la sentencia lo que se refiere al efecto establecido de retrotraer las actuaciones al momento anterior al cese y no estimar la petición del suplico de la demanda de que se condene a la administración demandada reponer a doña Cristina en el puesto de trabajo denominado "jefe de servicio de personal", plaza con código NUM000, con cuantos derechos económicos y administrativos conlleve, condenando a la administración demandada a estar y pasar por tal declaración.

[...]".

El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha preparó recurso de casación contra la meritada sentencia, mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2018, identificando como normas legales que se consideran infringidas el artículo 80.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 58.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

La Sala de Albacete tuvo por preparado el recurso de casación por auto de 18 de octubre de 2018.

TERCERO.- Emplazadas las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo, con remisión de los autos originales y del expediente administrativo, tras personarse las mismas, por auto de 17 de septiembre de 2020, la Sección de Admisión de esta Sala Tercera acuerda:

"Segundo. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación.

Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 80.4 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y el artículo 58.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), en relación con el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (que presenta una redacción sustancialmente igual que el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actualmente en vigor).

Todo ello, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras normas o cuestiones jurídicas, si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso".

CUARTO.- Notificada la anterior resolución a las partes personadas y dentro del plazo fijado en el art. 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ["LJCA"], la representación de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, mediante escrito registrado el 13 de noviembre de 2020, interpuso el recurso de casación en el que apunta que la cuestión jurídica aquí planteada ya ha sido analizada y abordada previamente por esta misma Sección, citando al efecto las sentencias núm. 919/2020, de 2 de julio (rec. 2053/2018) y la núm. 712/2020, de 9 de junio (rec. 1195/2018). Y partiendo de la doctrina jurisprudencial allí recogida concluye que:

"[...] el funcionario que ocupa un puesto de libre designación no se encuentra cubierto por la inamovilidad en el cargo, y que su cese tiene un componente de libre apreciación evidente que en nuestro acompañado viene acompañado de una exteriorización de las causan que motivaron la decisión del cese de la ahora recurrida. En consecuencia, procede haber lugar al recurso de casación y desestimar el recurso contencioso administrativo ya que es innegable que la autoridad competente expresó en su resolución las razones por las que consideró que la recurrente no satisfacía el mínimo exigible" (pág. 7 del escrito de interposición).

En consecuencia, solicita que:

"se dicte sentencia en que se declare que la motivación de estos actos tan solo comporta el deber de explicitar las razones o el juicio negativo que le permita al administrado conocer la razón fáctica y jurídica de la razón por la que la autoridad competente ha perdido la confianza. En este sentido, solicitamos se nos dicte una Sentencia que case la Sentencia impugnada declarándose la legalidad del cese de D.ª. Cristina una vez que verificamos que cumple su cese con la exigencia referida y que las razones del mismo han quedado suficientemente acreditadas por mi dicente en autos".

QUINTO.- Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, la representación procesal de la Sra. Cristina presenta, el día 7 de enero de 2021, escrito de oposición en el que sostiene que la sentencia impugnada es conforme a Derecho, y que con la "[...] nueva normativa y jurisprudencia queda patente que el procedimiento de libre designación es un procedimiento de provisión de puestos de trabajo -hoy previsto con carácter básico en el artículo 80 del TREBEP- configurándose como una potestad discrecional por parte de la Administración su provisión y eventual cese del funcionario de carrera en cuestión"; discrecionalidad "[...] que debe estar sujeta a ciertos límites ( STS 30 de septiembre de 2009). Por ello, la exigencia de motivación es trascendental para el correcto uso de la potestad discrecional, ya que es necesario que la administración justifique con suficiencia y veracidad los presupuestos facticos y jurídicos de la decisión adoptada para satisfacer el interés general por lo que la Administración debe establecer "clara y suficientemente el proceso lógico que lleve a su decisión" ( STS 10 de diciembre de 1998)" (pág. 5 del escrito de oposición).

En conclusión, la recurrida aduce que:

"[...] la exigencia de motivación del cese viene impuesta no solo por imperativos legales implícitos en el ejercicio de potestades discrecionales ( art. 54.1.f de la Ley 30/1992) sino que también obedece a categóricos principios constitucionales como la proscripción e interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos ( art. 9.3 de la Constitución) y la seguridad jurídica e invariabilidad en cuanto a la claridad de los hechos y certeza de las normas aplicables. A estos principios y valores debe añadirse la necesidad de tutela de otros derechos y libertades fundamentales como el derecho de defensa y amparo judicial efectivo ( art. 24.1 de la Constitución. Así pues, y de igual manera que la motivación en el nombramiento viene impuesta por la necesidad de garantizar el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad ( art.23.2 y 103.3 de la Constitución), también parece razonable que esa motivación se extienda al cese cuando se trata de garantizar principios, valores y derechos de igual rango que en el caso anterior" (pág. 12).

Finalmente, suplica a la Sala que "[...] acuerde desestimar íntegramente el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 22 de junio de 2.018, confirmándola en su integridad, con imposición de costas a la parte recurrente y demás que proceda".

SEXTO.- Evacuados los trámites y de conformidad con lo previsto en el art. 92.6 de la LJCA, al considerar innecesaria la celebración de vista pública, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo del recurso el día 6 de abril de 2021, fecha en que tuvo lugar dicho acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se formula contra la sentencia núm. 137, de 22 de junio de 2018, de la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó el recurso de apelación núm. 180/2017, interpuesto por D.ª Cristina frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Albacete, de 13 de enero de 2016, dictada en el procedimiento abreviado núm. 180/2016, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo instado contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición promovido, a su vez, contra la resolución de 18 de enero 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), mediante la que se cesó en el puesto que ocupaba como jefa de Servicio de Personal a la Sra. Cristina.

SEGUNDO.- Antecedentes del litigio y las sentencias de instancia y apelación.

Doña Cristina fue cesada por resolución de 18 de enero de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del puesto de Jefa de Servicio de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, código número NUM000, para el que había sido nombrada en su día por el procedimiento de libre designación. La Sra. Cristina es funcionaria de carrera del cuerpo técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, grupo A2, y por Orden de fecha 29 de septiembre de 1998 se le adjudicó, una vez resuelto concurso específico, el puesto de jefa de sección de gestión de personal en la Dirección Provincial de Albacete (Ministerio de Educación y Cultura). Posteriormente, como consecuencia de la transferencia de la competencia de enseñanza no universitaria a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Real Decreto 1844/1999 sobre transferencia de las funciones, servicios y funcionarios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha ) fue adscrita, por resolución de 9 de octubre de 2000, al puesto de trabajo de jefe de sección de personal de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y, más tarde, en virtud de Orden de 6 de junio de 2006, se convocó procedimiento de libre designación al que concurrió, que fue resuelto por resolución de 25 de agosto de 2006, por la que se le adjudicó el puesto de Jefa de Servicio de Personal, código NUM000, grupo AB, nivel 26, de la Delegación Provincial de Albacete, puesto en el que toma posesión el día 7 de septiembre de 2006, y del que fue cesada por la resolución recurrida, de 18 de enero de 2016. La razón ofrecida para el cese fue la siguiente:

"[...] se ha producido un menoscabo de la confianza profesional, sobre la base de que las aptitudes y competencias concurrentes en la interesada no son las más adecuadas actualmente, por lo que se considera que no reúne en este momento las condiciones profesionales que se estiman idóneas para desempeñar dicho puesto de trabajo, de acuerdo todo ello con razones organizativas y de gestión [...]".

La Sra. Cristina recurrió esa resolución, y contra la desestimación presunta por silencio administrativo interpuso recurso contencioso-administrativo que fue estimado parcialmente por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Albacete, de 13 de enero de 2016, dictada en el procedimiento abreviado núm. 180/2016, que, si bien anuló la resolución impugnada, por la indefensión ocasionada por la falta de motivación del cese, sin embargo, en cuanto a los efectos del pronunciamiento de anulación, afirma que "[...] no puede significar que la recurrente vuelva a su puesto sino que se le motive la razón de su cese y en caso de no estar de acuerdo poder recurrir con conocimiento y derecho de las razones de su cese, por la falta de motivación es producir una clara indefensión en la recurrente [...]".

La representación de la Sra. Cristina interpuso recurso de apelación contra la sentencia, al que se adhirió la representación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima la adhesión a la apelación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y estima el recurso de apelación de la Sra. Cristina, revocando la sentencia de instancia en cuanto limitó su pronunciamiento a la retroacción de actuaciones para que la Administración motivase debidamente la resolución de cese, acoge en su integridad el recurso contencioso-administrativo y declara la disconformidad a Derecho de la resolución impugnada, con condena a la Administración demandada a reponer a la Sra. Cristina en el puesto de trabajo denominado "jefe de servicio de personal", plaza con código NUM000, con cuantos derechos económicos y administrativos conlleve.

La Sala de Albacete falló así siguiendo el criterio que había mantenido anteriormente en supuestos semejantes en todos los cuales había resuelto en el mismo sentido, luego menciona otras dos sentencias: las de 27 de junio de 2014, en el recurso de apelación 173/2013 y la de 29 de septiembre de 2017, en el recurso de apelación 251/2016, sentencia que, a su vez, fue objeto de recurso de casación 1195/2018, que fue desestimado por nuestra sentencia de 9 de junio de 2020 (ES:TS:2020:1806).

El debate gira en ellas en torno a la motivación necesaria para acordar el cese en los puestos de libre designación. Frente a la posición de la Administración para la que bastaba con justificar la competencia del órgano y ofrecer una explicación, la Sala de Albacete mantuvo que los Tribunales de Justicia sí pueden examinar el fondo de la motivación porque, de lo contrario, quedaría sin contenido el concepto de discrecionalidad. Distingue la Sala de Albacete, por una parte, entre las razones que el acto administrativo ofrece y su veracidad, y, por la otra, su suficiencia. Desde este punto de partida se enfrenta a la motivación ofrecida en los casos afrontados por esas sentencias: el cese por haberse producido una modificación de las funciones del puesto de trabajo.

Pues bien, en su enjuiciamiento comprueba, como razona la sentencia de instancia y la dictada en apelación, que el acuerdo de cese impugnado se apoya en una razón de índole organizativa en la que pretende sustentar la decisión de cese de la funcionaria recurrente, y su incidencia sobre el desempeño realizado por la funcionaria, apreciando la sentencia de apelación que está fuera de duda que este cambio organizativo carece de toda relevancia en el concreto alcance de los cometidos asignados al puesto de trabajo ocupado por la recurrente, sin que las aseveraciones respecto a las circunstancias concretas del desempeño que había realizado la Sra. Cristina desde su anterior nombramiento en el puesto, en el año 2006, también por libre designación, ofrezcan la menor concreción, limitándose a una aseveración estereotipada de que "[...] se considera que no reúne en este momento las condiciones profesionales que se estiman idóneas para desempeñar dicho puesto de trabajo [...]".

Y, ya sobre el caso de la Sra. Cristina, dice:

"[...] sin que pueda admitirse que esté justificado que si se consideró en el momento del nombramiento de la actora que tenía un perfil profesional más idóneo para el puesto, ahora la preferencia sea por un perfil profesional distinto. No llega a concretarse a que se refiere esta manifestación teniendo en cuenta que, al igual que sucedía en el caso examinado de la sentencia transcrita, ni consta ni siquiera se llega a cuestionar lo afirmado por la demandante en el sentido de que no se ha producido un cambio o modificación en las funciones del puesto, por más que se aluda a un cambio organizativo y de gestión dentro de la Consejería de Educación Cultura y Deportes. En las alegaciones que formula la demandante en relación a la adhesión a la apelación de la admiración demandada destaca que la administración no ha modificado la RPT en relación con la plaza de jefe de servicio de personal, ni antes ni después del cese, por lo que no se ha modificado dicho perfil [...]".

TERCERO.- La cuestión en que el auto admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

El auto de la Sección Primera de 17 de septiembre de 2020, que ha admitido a trámite este recurso, ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, tal como hemos indicado en los antecedentes, en "determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación".

Identifica, además, los siguientes preceptos cuya interpretación nos pide: los artículos 80.4 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 58.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

En sus razonamientos jurídicos el auto de 17 de septiembre de 2020 explica que la cuestión de si es o no necesario motivar los acuerdos de cese en puestos de trabajo cubiertos por el sistema de libre designación reviste interés casacional objetivo porque no ha sido abordada específicamente por la jurisprudencia, la cual se ha referido sólo a los estándares de motivación exigibles en la provisión de esos puestos, pero no se ha pronunciado sobre la problemática del cese, bien para proyectar sobre él lo dicho respecto del nombramiento, bien para mantener una posición diferente. También recuerda el auto de 17 de septiembre de 2020 que la Sección Primera había admitido anteriormente otros dos recursos de casación en los que se plantea lo mismo que en éste: los que llevan los números 2740/2017 y 2053/2018.

CUARTO.- Las alegaciones de las partes.

El escrito de interposición de la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha argumenta que la sentencia de apelación infringe los artículos 80.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y 58.1 del Real Decreto 364/1995. Uno y otro precepto, dice, establecen el carácter discrecional del cese de los titulares de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación. Y si bien los actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales han de ser motivados con sucinta referencia a los hechos y fundamentos jurídicos, esa exigencia, añade, ha de ponerse en relación con el artículo 58.1 del Real Decreto 364/1995 según el cual la motivación "se referirá a la competencia para adoptarla".

Indica que la jurisprudencia -se refiere a la expresada en las sentencias núm. 919/2020, de 2 de julio (rec. cas. 2053/2018) y la núm. 712/2020, de 9 de junio (rec. cas. 1195/2018)- exige que el cese en estos casos, además de ajustarse a las exigencias formales, debe explicar que las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciadas para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren o que, pese a concurrir, median circunstancias objetivas que determinan la pertinencia del cese. De acuerdo con estas premisas, afirma, ningún reproche puede hacerse a la del cese la Sra. Cristina. Su motivación no fue -continúa diciendo- vaga, genérica e insuficiente. Por el contrario, le daba a conocer que ha existido una reorganización administrativa a nivel de los puestos de jefatura de las unidades administrativas, así como de los servicios periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y que, a la vista del desempeño de dicho puesto durante los años precedentes, la Sra. Cristina no era la persona más idónea técnicamente en ese momento para seguir ocupando la jefatura de personal en la Dirección Provincial de Albacete. Admite que "[...] las motivaciones siempre pueden ser más minuciosas y detalladas [...]", aunque ello -dice- podría llevar a una exigencia "ad infinitum".

En todo caso, mantiene el escrito de interposición que la Sala de Albacete se excede al calificar los motivos del cese pues, al hacerlo, suplanta a la Administración e invade el ámbito de la discrecionalidad que le reconocen los artículos 80.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 58.1 del Real Decreto 364/1995. Y de aceptarse que los Tribunales de Justicia pueden valorar los motivos del cese, afirma que su enjuiciamiento ha de limitarse a los aledaños de la discrecionalidad administrativa, sin adentrarse en el núcleo material de la decisión.

Termina señalando que no se ha acreditado indefensión alguna pues, dice, la funcionaria cesada y el Tribunal que revisa la actuación administrativa pueden conocer y apreciar aquellas circunstancias en que se sustenta la pérdida de confianza.

Por su parte, la recurrida, Sra. Cristina, aduce que la sentencia impugnada aprecia la existencia de una motivación formal en la resolución, que considera falaz, constitutiva de un resultado arbitrario y desviado. Añade que una cosa es determinar el alcance del deber de motivación en estos casos, y otra muy diferente que la motivación ofrecida, como sucede aquí, no sólo sea vaga, genérica e insuficiente, sino discordante con la realidad.

El problema en este caso -explica- no es el de la falta de razones, sino la falta de correlación de las ofrecidas con los hechos en los que se quieren apoyar. Y es que (i) no hubo modificación del puesto que desempeñaba, y (ii) tampoco se explicó por qué la aducida nueva configuración del puesto debía determinar su falta de idoneidad sobrevenida. Sobre esto, subraya, nada dice el escrito de interposición y de lo que se trata es, no de si las razones eran suficientes, sino si eran o no ciertas.

En definitiva -afirma-, no hay infracción del ordenamiento jurídico ni de la jurisprudencia.

El escrito de oposición resalta la semejanza de este litigio con el examinado en la sentencia núm. 712/2020, de 9 de junio (rec. cas. 1195/2018), dictada en un supuesto similar al presente.

QUINTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación.

Tal como nos han recordado las partes en el curso del debate que han mantenido, el artículo 80.4 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone, en lo que ahora importa, que los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación "podrán ser cesados discrecionalmente". También lo dice el artículo 58.1 del Real Decreto 364/1995, el cual añade que "la motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla".

No hay discusión en que, como la de todo acto discrecional, la motivación no sólo es imprescindible, de acuerdo con el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y antes con el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino que no puede limitarse a la competencia. Desde luego, ha de comprender los hechos y fundamentos de Derecho según dice este precepto y, como reconoce la recurrente en casación, ha de explicar las razones que han llevado al cese del libremente designado de manera suficiente para que sepa por qué se le cesa y pueda defenderse de esa decisión.

La posición del empleado público que desempeña un puesto de trabajo provisto mediante libre designación es singular, precisamente, porque ha llegado a él mediante ese procedimiento que implica "la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto" (artículo 80.1 del Estatuto Básico del Empleado Público). Ese procedimiento, dice el apartado 2 de este artículo, sólo se puede utilizar para proveer aquellos puestos que, según los criterios sentados por las leyes de Función Pública dictadas en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, impliquen especial responsabilidad y confianza y así lo prevean las relaciones de puestos de trabajo [ artículos 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, y 36.1 del Real Decreto 364/1995]. Por tanto, la idoneidad que decide el nombramiento por libre designación se ha de definir por elementos objetivos, los determinantes de esos rasgos del puesto, y por las condiciones de quien sea finalmente nombrado para desempeñarlo, las cuales necesariamente han de guardar relación directa con el contenido funcional de aquél y responder a consideraciones de mérito y capacidad referidas a ese cometido y operar en el contexto de igualdad y publicidad al que se refiere el artículo 78.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues, no hay que olvidarlo, se trata de la provisión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera.

No se trata, por tanto, de la mera confianza personal entre quien debe decidir la provisión de este modo y el nombrado. La idoneidad en la que piensa la Ley es otra cosa, tiene carácter profesional, dice relación a la capacidad para asumir la responsabilidad que entraña el desempeño del puesto y es la que ofrece el fundamento al nombramiento que, dentro de esos márgenes, puede hacer libremente el órgano competente. La motivación necesaria a la hora del nombramiento ha de discurrir en este sentido, tal como ha señalado la jurisprudencia que condensan las sentencias núm. 1198/2019 (rec. cas. 2740/2017) y la núm. 712/2020 ( rec. cas.1195/2018).

La motivación que debe acompañar al cese se sitúa en el mismo plano y ha de comprender las razones por las que quien lo acuerda entiende que el titular de ese puesto de trabajo ya no es idóneo para seguir desempeñándolo. Siendo cierto que el funcionario de carrera no tiene un derecho incondicionado a permanecer en el puesto de libre de designación, sí le asiste el interés legítimo a no ser privado de él al margen de las previsiones legales y, en particular, tiene derecho a que se le expliquen las razones de su cese de manera que pueda combatirlas. Esas razones son inseparables de la decisión y no parece que puedan consistir en el mero criterio del titular del órgano competente o en el hecho de que sea sustituido por otro. Han de contar con un fundamento material bien de carácter objetivo, vinculado a las exigencias del puesto de trabajo, de su contenido, bien de carácter subjetivo, ligado al desempeño del mismo por el cesado o de una y otra naturaleza, pero suficiente en todo caso para determinar de manera perceptible la inadecuación, la inidoneidad sobrevenida de su titular.

La sentencia recurrida se remite en gran medida a anteriores precedentes de la misma Sala, y en particular al precedente de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 29 de septiembre de 2017, dictada en el recurso de apelación 251/2016, también sobre un cese en la misma Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta sentencia a su vez fue objeto de recurso de casación 1195/2018, que fue desestimado por nuestra sentencia de 9 de junio de 2020 (ES:TS:2020:1806).

Señala la sentencia que la recurrente llevaba varios años desempeñando el mismo puesto adecuadamente, por lo que no se comprendía su cese por pérdida de la confianza profesional en función de argumentos vagos e imprecisos sin haber practicado prueba alguna. Considera que no se ha acreditado que la modificación de la estructura orgánica y de las competencias de órganos de la Consejería de Empleo y Economía haya supuesto modificación efectiva alguna en las funciones asignadas al puesto de trabajo desempeñado por la actora, de forma que no existía prueba de que la pretendida diferencia de marco conllevara, tal y como afirmaba la Administración castellano-manchega, la falta de idoneidad de la titular del puesto de trabajo. La Sala de Albacete no aprecia ni una sola razón que permitiera inferir que la recurrente cesada no fuera idónea para continuar desempeñando el puesto, destaca el reconocimiento de la valía profesional de la funcionaria cesada que, afirma, se hace constar en el informe que sirve de motivación a la resolución de cese.

En nuestra sentencia de 9 de junio de 2020, cit., declaramos que "[...] el deber de motivación no se agota exclusivamente en lo previsto en la competencia del órgano para adoptar el cese, a tenor del art. 58.1 párrafo segundo del RGPPT, sino que dicha motivación, por exigencias del art. 35.1.i) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común [anteriormente art. 54.1.f) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común] debe alcanzar a expresar la razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. Así, dado que las aducidas en este caso por el órgano que acordó el cese son discordantes con la realidad, como ha apreciado la sentencia recurrida, se constata la absoluta falta de motivación de la decisión recurrida. [...]".

A la vista de su exposición argumental, no parece que la recurrente en casación difiera de este entendimiento, pero sucede que, en realidad, el problema que debía afrontar para desvirtuar de manera convincente la razón de decidir de la sentencia de apelación y la de instancia, es otro. No se trata de establecer qué motivación ha de acompañar al cese de quien fue nombrado por el procedimiento de libre designación, sino de demostrar que, en contra de lo afirmado por la Sala de Albacete, son ciertos los hechos en los que se fundamentó la pérdida sobrevenida de la idoneidad de la Sra. Cristina. O, si se prefiere, que, realmente, se modificó el contenido del puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Personal, objeto de la resolución recurrida, y que, como consecuencia de ese cambio, la Sra. Cristina no tenía ya la imprescindible idoneidad profesional. Y eso no lo hace el escrito de interposición, que ni tan siquiera se ocupa de hacer una crítica de la valoración de la prueba por la sentencia de instancia y apelación.

Por tanto, más allá del respeto que a los hechos probados hay que tener, en principio, en sede de casación, la cuestión es que ni siquiera ha intentado rebatirlos. En definitiva, la argumentación de la Administración se pierde en una especie de vacío. No puede aceptarse de ninguna manera una justificación que descansa en hechos que no son ciertos, y lo que ocurre, en realidad, es que en este caso, como dice la Sala de Albacete, el cese no tiene motivación, porque la ofrecida por la Administración, no es cierta porque no hubo la modificación real del puesto del trabajo en que se apoyó el cese, ni se ha intentado acreditar la pérdida de idoneidad de la funcionaria.

De ahí que no pueda afirmarse que la interpretación seguida por la sentencia impugnada convierta una decisión discrecional en otra que no lo es. Mas bien lo que hace es impedir una arbitrariedad, o sea, aplica el principio constitucional de su interdicción, que es un límite al ejercicio de las potestades discrecionales.

En definitiva, las circunstancias del caso son análogas a las concurrentes en el resuelto por nuestra sentencia núm. 712/2020, de 9 de junio (rec. cas. núm. 1195/2018), y en concordancia con la doctrina allí fijada, hemos de desestimar el recurso de casación y confirmar, al igual que allí hicimos, el criterio seguido por la Sala de Albacete, criterio que hemos ratificado también en nuestra reciente sentencia de 12 de abril de 2021 (rec. cas. 6840/2018). Pese a que el escrito de interposición del recurso de casación se apoya en nuestra sentencia núm. 919/2020, de 2 de julio (rec. cas. 2053/2018) que confirmó la decisión de cese del puesto de libre designación, lo cierto es que en el litigio allí resuelto no se discutió la veracidad de las razones ofrecidas para justificar el cese, a diferencia de lo que acontece en el que enjuiciamos. Ahora bien, importa subrayar que en los tres asuntos la Sala sigue la misma interpretación, sistematizada en la anterior sentencia núm. 1198/2019, de 19 de septiembre (rec. cas. núm. 2740/2017).

SEXTO.- La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

Finalmente, y como culminación de lo expuesto en las anteriores consideraciones, demos responder a la cuestión en que la Sección Primera ha advertido interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia diciendo que el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación consiste en expresar que las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren o, si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento.

SÉPTIMO.- Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecidas en el fundamento sexto:

1.- Que no ha lugar al recurso de casación núm. 7137/2018, interpuesto por la representación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia núm. 137, de 22 de junio de 2018, de la Sección Segunda Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó el recurso de apelación núm. 180/2017.

2.- Hacer el pronunciamiento sobre imposición de costas, en los términos previstos en el último fundamento.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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