SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
Tras estudiar las alegaciones presentadas por el Ejecutivo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife expone que "a pesar de los esfuerzos dialécticos de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y de las pruebas aportadas, los informes no son en absoluto determinantes ni demostrativos de la racionalidad de la medida cuya suspensión se ratifica íntegramente".
El Tribunal da cinco días de plazo al Gobierno de Canarias para que presente recurso de reposición.
