INTENTO BURDO DE BURLAR LAS FIANZAS
La Generalitat de Cataluña estaría considerando la posibilidad de asumir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas (TCu) a 34 de sus altos funcionarios que destinaron fondos públicos a la promoción internacional del procés. Y su presidente ha manifestado que tomará las medidas necesarias en todos los ámbitos para defenderlos.
Pero, qué es lo que puede hacer la Generalitat sin traspasar los límites de la legalidad vigente, en los procedimientos de responsabilidad contable abiertos ante el TCu por el empleo ilegal de fondos públicos para financiar el procés, léase, la consulta del 9-N, el referéndum del 1-O o la búsqueda del respaldo de la comunidad internacional. Bien poco y me explico:
Las fianzas del TCu responden a la exigencia legal que le impone su ley de Funcionamiento, de garantizar la restitución a la Generalitat, como administración perjudicada, del dinero público que dichos gestores destinaron a poner en marcha y financiar una diplomacia pública catalana orientada, según detalla el informe de fiscalización n.º1319 emitido por encargo de las Cortes Generales, a la búsqueda de apoyos internacionales para la secesión de Cataluña y su posterior reconocimiento por la comunidad internacional.
Con lo anterior basta para afirmar qué es lo que no puede hacer el Govern de la Generalitat: destinar fondos públicos para exonerar definitiva o provisionalmente a los gestores desleales de sus responsabilidades contables, bien sean las cautelares de afianzamiento, o las definitivas de su reintegro al erario público. Algo que tampoco puede hacer, si no quiere incurrir en prevaricación y en malversación punible, de forma encubierta a través de otras entidades -o aseguradoras- financiadas -o pagadas- con fondos públicos.
Ninguna administración pública tiene capacidad para interferir en las funciones que la Constitución encomienda al TCu, ni puede defraudar el legítimo interés de la ciudadanía para que los fondos públicos sean destinados exclusivamente a financiar servicios públicos, lo que exige la previa recuperación de los que hayan sido desviados a usos ilegales, como es el caso.
Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) interviene como actor público en todos los procedimientos abiertos ante el TCu por el uso ilegal de fondos públicos para financiar el procés. También se han personado los servicios jurídicos de la Generalitat que, a pesar de representar a la administración perjudicada, intentan desesperadamente el archivo de las causas presentando abundantes alegaciones y recursos en defensa de sus altos cargos, subordinando así el interés público al privado de los responsables contables.
Y es esa dejación de la Generalitat en la defensa de sus propios bienes, rayana en el encubrimiento y la prevaricación punible, la que ha movido a Abogados Catalanes por la Constitución a promover las acciones de responsabilidad contable dirigidas a poner fin al planificado y sistemático saqueo, sin ningún tipo de control y con total impunidad, de las arcas públicas por parte de las máximas autoridades de la Generalitat.
El argumento de la “no titularidad” que ha esgrimido el Gobierno de la Nación para justificar su inhibición no puede ser utilizado por el Gobierno autonómico para justificar la defensa de sus responsables contables, por más que retóricamente haya manifestado “no sentirse perjudicado” ¿o es que los fondos públicos empleados para financiar ilegalmente el procés son una suerte de res nullius que a nadie pertenecen o de cuyo uso nadie es responsable?
En un Estado de Derecho no hay espacio para la impunidad, y de cualquier “argucia” que puedan poner en práctica para, eludiendo la recta aplicación de la ley, avalar con cargo a fondos públicos a los responsables contables que ha determinado el TCu, responderían penal y contablemente, al menos, el Director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, el Interventor General, la Consejera de la Presidencia, el President de la Generalitat y cuantas otras autoridades y funcionarios se presten a hacer posible el nuevo gasto ilegal.
