En el Consejo están presentes todas las administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia, así como los operadores judiciales que participan, de forma directa en el ejercicio de esta prestación -abogados y procuradores-.
Este Consejo nace con el objetivo final de establecer un punto de encuentro en el que compartir criterios de actuación, buenas prácticas y propuestas de mejora que redunden, en definitiva, en el fortalecimiento de este servicio.
Asimismo, este Consejo permitirá garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la asistencia jurídica gratuita, máximo garante del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
El nuevo órgano está constituido por dos vocales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; un vocal del Consejo General de la Abogacía Española; un vocal del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España; un vocal, con rango de director general, por cada comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia; y un vocal, designado por el Ministerio de Justicia y que rotará anualmente, atendiendo a las propuestas de las gerencias territoriales de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio.
