BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
En rueda de prensa para presentar la memoria judicial de 2020 ha explicado que los juzgados de esta especialidad están en una situación "particularmente alarmante", con una media de 16 meses para resolver los asuntos, y dos superando los 24 meses.
La mayoría de recursos a las sanciones por medidas Covid aún no han llegado a los juzgados, y están pendientes de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, que podría hacer caer todas estas sanciones.
Al presentar el balance de 2020, Caso ha expuesto que se suspendieron gran cantidad de juicios a causa de la pandemia, lo que ha comportado más atrasos al resolver las causas, y que los delitos también bajaron durante el confinamiento, especialmente los hurtos.
Solo aumentaron los delitos de violencia doméstica, y en violencia machista hubo menos denuncias pero más investigaciones que el año anterior.
Los casos acumulados afectan especialmente a los juzgados sociales --encargados de los despidos y todos con más de un año de espera-- y a los civiles --encargados de desahucios y que "son los que en estos momentos están afrontando las consecuencias del Covid"--.
Caso considera que "quedó en evidencia que hace falta una modificación del Registro Civil", a la vista de lo ocurrido durante el confinamiento, cuando pasó al menos un mes sin inscribir defunciones porque estaba colapsado.
En cambio, han mejorado los tiempos de espera para los juicios rápidos: deberían ser en unos 15 días, pero Barcelona tenía una media de espera alrededor de un año, que con medidas de refuerzo ha rebajado a seis meses.
DESAHUCIOS
El juez delegado de primera instancia, Roberto García Ceniceros, ha dicho sobre la moratoria de desahucios por la pandemia, que está vigente hasta el 9 de agosto, que "lo lógico sería pensar que la moratoria continuará" con una prórroga.
"La crisis sanitaria se está resolviendo pero la situación económica y social desgraciadamente está como está", y también ha señalado la posibilidad de que se levante de forma progresiva.
Además, ha asegurado que con la cantidad de funcionarios actual sería "un reto de organización" y considera que los desahucios se atrasarían en el tiempo.
