SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alto tribunal, por tanto, ha rechazado el recurso presentado contra el fallo de primera instancia por el doctor y ha ratificado, además de la pena de prisión, los siete años de inhabilitación para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina que le impuso la Audiencia.
El Tribunal del Jurado consideró al acusado, que cometió los hechos entre 2016 y 2018, cuando ejercía en un centro de atención primaria del Sergas, culpable de un delito continuado de cohecho.
"Resulta indudable que la expedición de certificados de defunción es competencia de cualquier médico, como así resulta del ordenamiento jurídico", subrayan los magistrados del TSXG, quienes indican que los familiares testigos de referencia sirven, con sus testimonios, "para apuntalar la principal prueba de cargo.
Así, esta se constituye por los testimonios directos de los agentes funerarios, que afirmaron que el médico acusado les exigía determinadas cantidades de dinero como condición para la expedición de los correspondientes certificados de defunción".
