MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Según precisa el Tercer Sector, se trataba de una demanda ampliamente defendida por el movimiento social organizado de la discapacidad y será beneficioso y mejorará el servicio público de la Justicia especialmente para aquella parte de la ciudadanía que encuentra mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos.
El Tercer Sector de Acción Social cuenta con un reconocimiento y definición legales en el ordenamiento jurídico desde 2015 y reconoce a las entidades que forman parte de él como colaboradoras de la Administración General del Estado. Este marco legal es el que ha inspirado esta disposición, que fomenta fórmulas de cooperación en el campo de la Administración de Justicia, según informa la Plataforma.
A partir de ahora, las entidades sociales del Tercer Sector podrán desarrollar labores de información, auxilio, asistencia y aporte de conocimiento. Asimismo, esta disposición también se centra en acciones relacionadas con la incidencia política y la interlocución.
Así, el Tercer Sector de Acción Social podrá ser interlocutor en el desarrollo de políticas públicas en materia de Justicia y tener presencia en órganos de debate, consulta y participación.
