MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Así ha contestado el ministro a una interpelación en el Congreso en la que el diputado de Vox José María Sánchez García ha preguntado qué medidas va a promover el Gobierno para "poner fin al caos en el que han sumido a España tras el estado de alarma", aludiendo de esta forma al hecho de que ahora quede en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y, en último término, del Tribunal Supremo (TS) la decisión de ratificar o aprobar las restricciones covid.
"El actual marco jurídico no se puede considerar insuficiente, al contrario, creo que contamos con los mejores instrumentos jurídicos e institucionales para vencer definitivamente al virus", ha dicho Campo.
El ministro ha defendido que las mismas leyes que permitieron enfrentar la desescalada el pasado verano sirven ahora, recalcando que "algunos de esos mecanismos provienen del Gobierno del señor Aznar", porque "fue en ese momento cuando se introdujo el cauce de la autorización judicial de medidas restrictivas de derechos fundamentales". "Que consideramos adecuado", ha apostillado.
Además, ha introducido lo que él mismo ha presentado como un nuevo argumento: que no se deben hacer reformar legales "en tiempos convulsos y tiempos de crisis". "No es el momento de introducir habilitaciones genéricas que faculten a un solo poder, sin ningún control, para afectar a derechos fundamentales", ha defendido el titular de Justicia.
"ABUSO" DEL ESTADO DE ALARMA
Campo ha explicado que en estos momentos hay dos posibles vías de actuación, el cauce de la autorización judicial de las restricciones sanitarias, esgrimiendo que el Gobierno lo ha mejorado con el recurso al Tribunal Supremo para unificar las decisiones discordantes de los TSJ, y que las comunidades autónomas soliciten a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.
Sánchez García ha replicado que, si esta "panoplia de leyes" permitía aprobar las medidas restrictivas, a excepción del confinamiento total, "por qué prologaron el estado de alarma de modo abusivo". Según ha explicado, Vox no estaba en contra del estado de alarma, sino del uso que hizo el Gobierno del mismo, reprochándole especialmente que convirtiera a todos los presidentes autonómicos en autoridades delegadas.
Vox dejó de apoyarlo, ha sostenido, porque el Ejecutivo se "inclinó de rodillas" ante "esa historia que se han inventado de la cogobernanza". "De forma abusiva, acrítica y disparatada, contraria a los intereses de España y contraria a la salud y a la vida de los españoles", ha remachado.
El ministro le ha respondido que, si bien "el estado de alarma ha sido útil para doblegar al virus", la situación epidemiológica ha cambiado, por el avance de la vacunación y el descenso de la incidencia y de la presión hospitalaria. "El Gobierno ha considerado que la mejor opción no es mantener la excepcionalidad", sino reconducirse hacia la legislación ordinaria, ha expuesto.
ATAQUE CONJUNTO AL PP
Ambos han coincidido en criticar el 'plan b' que el PP ha puesto sobre la mesa como parapeto legal a las medidas anticovid tras el 9 de mayo. Campo ha reiterado que es una propuesta "infumable", incluso "una chapuza", porque permitiría que las autoridades sanitarias restringieran derechos fundamentales sin que el aval de un juez, según ha resumido.
Campo ha reivindicado la importancia de este 'placet' judicial, aduciendo que "las restricciones de derechos fundamentales no deben ser cómodas en un Estado de Derecho", dado que "se trata de decisiones delicadas que deben someterse al principio de proporcionalidad y que deben estar muy bien fundamentadas y motivadas en cada caso".
"Ni es 'plan b' ni es nada, en esto le tengo que dar la razón (...) sin que sirva de precedente", ha apuntado Sánchez García, cargando directamente contra el presidente del PP, Pablo Casado, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, de quienes ha dicho que "no se enteran de nada". "No saben qué decir y, como no saben qué decir, dicen cualquier tontería que se les pasa por la cabeza", ha lanzado.
En cualquier caso, Sánchez García ha querido dejar claro que, para Vox, tanto Gobierno como PP son responsables de este "desatino jurídico". "Un desatino total en el que ustedes compiten en este duelo de titanes ridículo", ha zanjado.
AYUSO Y EL 4M
Campo y el diputado de Vox también se han enzarzado a cuenta de la victoria de Isabel Díaz-Ayuso en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo en Madrid. Sánchez García ha acusado al Ejecutivo de usar el estado de alarma con un "propósito político", "enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, provocando la emergencia de esta señora como figura de la política nacional, cuando no lo era y estaba bastante abandonada por el aparato de Génova".
El representante parlamentario del partido de Santiago Abascal ha aludido a los malos resultados del PSOE en los comicios madrileños como supuesta prueba de que el Gabinete de Pedro Sánchez ha perdido la confianza de los españoles. "No hay filosofía política que admita que se pueda gobernar sin el consentimiento de los gobernados, y ustedes no lo tienen", ha aseverado.
El ministro ha criticado el tono del debate advirtiendo de que "esa forma de combatir la política y la democracia no es nueva ni original". "Ya deberían saber, porque el escenario internacional nos da muestras claras, de que son los caminos equivocados. Le estoy hablando de Trump y Bolsonaro", ha indicado, reprochando tanto a Vox como al PP que se hayan subido al "carro" de "estigmatizar toda la gestión de la pandemia".
Ahora, ha continuado Campo, "en un doble salto mortal con tirabuzón, la oposición se niega a sí misma y defiende el estado de alarma como el Santo Grial" cuando antes clamaba contra el mismo.
Con todo, ha insistido en defender el marco jurídico actual como suficiente y en afirmar que "las autonomías han sido y deben seguir siendo uno de los principales actores en la lucha contra la COVID-19" en el uso de sus competencias.
Ha añadido a las administraciones locales para señalar que "comportamientos como los que tuvieron lugar en varios municipios el día que se levantó el estado de alarma se podían y debían haber evitado por parte de los ayuntamientos" porque cuentan con "una profusa regulación en materia de orden público".
