RAZONES E IMPLICACIONES DEL EURO DIGITAL
En pocas semanas, las instituciones europeas deben decidir la posible creación del euro digital. Se trata de una operación de extraordinaria complejidad técnica y organizativa, con serias implicaciones financieras y monetarias. No obstante, es muy probable que se acuerde su introducción. Quizá no haya alternativa.
La creación del euro digital puede ser inevitable para que el dinero soberano pueda seguir cumpliendo su función. La economía digital empuja a pagos digitales, que desplazan al efectivo. Al día de hoy, las criptomonedas tienen una difusión muy limitada, pero creciente. La inexistencia de una moneda digital oficial facilitaría su expansión, así como la irrupción a gran escala de las big tech en el sector financiero. No va a suceder en el corto plazo, pero si la mayor parte de la población pasara a utilizar monedas privadas digitales, o a depender de ellas, el Banco Central Europeo (BCE) no podría cumplir su papel.
Por si esto fuera poco, es muy probable que -si no lo hace la Unión Europea- sí lo harán otros Estados. De hecho, algunas autoridades monetarias han puesto ya en práctica pruebas piloto. La creación de monedas digitales oficiales por parte de terceros países podría incluso acabar desplazando al euro, por la vía de los hechos.
En último término, los Estados podrían perder el control sobre la moneda. La regulación y supervisión del sistema financiero devendría también muy difícil. Las consecuencias para el sistema bancario serían imprevisibles. Con ello, no sólo se habrían alterado los fundamentos del sistema económico, sino que -probablemente- se habría perdido también la autonomía de la zona euro, que pasaría a depender de monedas y sistemas de pago foráneos.
Con todo, antes de seguir adelante, hay que preguntarse si el euro digital requeriría la modificación de los Tratados, lo que añadiría gran dificultad política a la tarea. Sin embargo, no parece que sea éste el caso. El Tratado confiere al BCE el derecho exclusivo de autorizar la emisión de “billetes” de euro. Ahora bien, las normas deben ser interpretadas tomando solo en cuenta su finalidad y la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas. En este sentido, puede sostenerse que el Tratado ofrece cobertura suficiente para el euro digital, que seguiría siendo la misma moneda, convertible a la par.
El euro digital ofrecería la máxima seguridad, al estar directamente respaldado por el BCE. Su diseño debería también permitir que funcionase como un eficaz medio de pago (online y offline), con vocación de ser utilizado por un porcentaje mayoritario de la población. Además, su introducción no supondría la eliminación del dinero físico, con el que coexistiría, al menos durante un tiempo. Cabe presumir que contribuiría a potenciar la moneda europea a nivel internacional.
No obstante, el euro digital es todavía un esbozo, que pone sobre la mesa más interrogantes que respuestas. En particular, debería alcanzar una serie de equilibrios.
En primer lugar, debería minimizarse su incidencia en el sistema financiero, asegurando que el sector privado siga teniendo un papel protagonista. De entrada, los usuarios finales no deberían tener acceso directo al BCE. Esto obligaría a una profunda reorganización de la institución, que tendría que asumir la prestación directa de servicios a ciudadanos y empresas. En este sentido, sería mejor que los bancos comerciales actuaran como intermediarios ante el BCE.
Más aún, debería limitarse el traspaso de fondos al BCE. Hay que tener en cuenta que la tenencia de euros digitales ofrecería mayor seguridad que los depósitos bancarios. El euro digital sería un pasivo del BCE, no de los bancos comerciales. Los intermediarios financieros están regulados y supervisados, por lo que el riesgo es pequeño, pero pueden quebrar y la garantía de los depósitos es limitada. Es por eso que sería necesario establecer límites a la tenencia individual de euros digitales, o desincentivarla a partir de ciertas cantidades. En otro caso, podría producirse la descapitalización de los bancos, que no podrían seguir cumpliendo su función esencial para el sistema económico.
El euro digital debería también integrarse con los sistemas de pago minoristas. Estos servicios deben seguir siendo desarrollados por la industria privada, a ser posible, a nivel europeo.
En segundo lugar, hay que preservar la privacidad de los usuarios. No se puede garantizar el completo anonimato digital, si se quiere combatir de manera eficaz el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La identificación es también necesaria para limitar la tenencia individual de euros digitales y su uso fuera de la zona euro. No obstante, conseguidos estos objetivos, debe preservarse la privacidad de los ciudadanos, que es un derecho fundamental. En este sentido, podría garantizarse el anonimato en transacciones de pequeñas cantidades.
En tercer lugar, hay que tomar en cuenta sus implicaciones para la política monetaria. El BCE debería poder fijar el tipo de interés del euro digital. Además, sería conveniente el establecimiento de límites y controles a su tenencia por parte de inversores foráneos. Lo contrario podría atraer fuertes flujos de capital, que incidirían en la tasa de cambio del euro, reduciendo la competitividad de la industria europea.
En poco tiempo saldremos de dudas sobre la creación del euro digital. Todo parece indicar que así será. Su implantación efectiva requerirá algunos años, con fases de prueba y error, así como una permanente adaptación a la evolución tecnológica. Será también preciso asegurar la cooperación internacional, esencial para garantizar la estabilidad del sistema financiero, la convertibilidad e interoperabilidad de las monedas digitales y la efectividad de los medios de pago.
Estamos ante cambios disruptivos. No siempre se pueden elegir los retos. A veces, solo se puede decidir la forma de afrontarlos.
