ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La finalidad es desarrollar procesos mediadores entre los titulares de actividades y servicios comerciales e industriales afectados por la COVID-19 y los propietarios de los inmuebles en los que se desarrollan estas actividades y se den circunstancias litigiosas relacionadas con el pago del alquiler.
El convenio se ha firmado por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y el presidente de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación, Jorge Morte. El Gobierno de Aragón aportará para la viabilidad de este proyecto 15.000 euros para el desarrollo de los procesos mediante la figura de la Corte Aragonesa de Mediación.
Con este convenio la mediación se ofrece como una posibilidad de acuerdo entre partes, en este caso entre arrendador y arrendatario, en unos momentos en los que la crisis social y económica producida por la pandemia tienen una especial repercusión en las actividades y servicios comerciales e industriales de todo tipo que han visto reducida drásticamente su facturación a causa de las restricciones que ha habido que adoptar.
MEJOR REPARTO
Además, los titulares de estos negocios tienen que hacer frente a los gastos fijos para continuar con la actividad entre los que reviste especial importancia los relativos al alquiler de los inmuebles donde se ubican estos negocios y actividades.
El objetivo del convenio es posibilitar un mejor reparto de las consecuencias económicas de la pandemia, preservar las actividades económicas y mantener el empleo.
Se trata, igualmente, de ofrecer a los titulares de estos negocios un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos como es la mediación, que les permita llegar a acuerdos con los propietarios de los respectivos inmuebles, especialmente en lo que se refiere a la rebaja de las cuotas de arrendamiento.
La Corte Aragonesa de Arbitraje y mediación es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó por el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, el Consejo de Abogados de Aragón y el Colegio Notarial de Aragón.
Posteriormente, se incorporaron el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, el Colegio de Economistas de Aragón y el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática de Aragón. Sus objetivos apuntan al fomento y desarrollo de la mediación.
La Corte ofrece, junto con el arbitraje, la mediación como instrumento para la solución de conflictos entre empresas, problemas internos de empresas y particulares, en el ámbito civil y mercantil garantizando los principios básicos que deben regir cualquier proceso de mediación: la voluntariedad de las partes, la neutralidad del proceso y del mediador, la confidencialidad del mediador y de la administración del proceso.
OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN
El Gobierno de Aragón está llevando a cabo otras acciones de promoción de la mediación a través de un convenio con la Universidad de Zaragoza para fomentar la mediación por el que el Ejecutivo aragonés aportará 140.000 euros en los próximos cuatro años.
La formación, sensibilización y la investigación son los objetivos de este convenio cuya cuantía sirve, en parte, para financiar los costes de matrícula de los funcionarios de Administración de Justicia interesados en formarse en este campo hasta un máximo anual de 15.295 euros. Otros 11.000 euros están destinados a proyectos de investigación y, en tercer lugar, 8.705 euros financiarán diversos talleres en materia de mediación.
Por otra parte, está a punto de resolverse la convocatoria de subvenciones a Colegios Profesionales, Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para la financiación de proyectos en materia de mediación intrajudicial y extrajudicial para el año 2021.
La Orden de convocatoria comprendía tres líneas de subvenciones, por importe de 250.000 euros. Del total, 30.00 euros son para acciones de difusión, divulgación y promoción de la mediación, dirigidas a los profesionales y a los ciudadanos en general; 20.00 euros para el estudio e investigación en el ámbito de la implantación de la mediación objeto de la presente convocatoria; y otros 100.000 euros para proyectos de implantación y programas piloto de implantación de mediación intrajudicial en los distintos Partidos Judiciales de Aragón.
Una vez cumplido el plazo de presentación de solicitudes se habían presentado 32 proyectos para optar a estas ayudas, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
