LO PASADO PASADO ESTÁ... ARREGLEN ESTO
En las últimas horas, cuando estamos a la espera del resultado del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre posibles vías de respuesta frente a una reforma legislativa que lo desapodera y a la que ha asistido como convidado de piedra, empezamos a recibir mensajes cruzados entre la Unión Europea y el Gobierno a propósito de los planes, parcialmente realizados ya, de éste último respecto de otro de los Poderes del Estado, el Poder Judicial.
La Comisión, por boca de su vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha venido a recordar la necesidad imperiosa de respetar los valores que singularizan el Estado de Derecho. Por su parte, Juan Carlos Campo, actual ministro de Justicia, ha asegurado a aquélla que la “reforma dura”, la que afectaba al régimen de mayorías en la elección de los vocales, “no será llevada adelante por el Gobierno” y que “propondrá a los grupos parlamentarios que la retiren”. Tal vez pueda echarse en falta una mayor claridad en las palabras del ministro, pues no deja de ser peculiar la proclamación de un compromiso del Gobierno, cuya efectividad ha de descansar en la ejecutoria de los grupos parlamentarios que lo sostienen. Está por ver la fuerza de tales declaraciones, cuando desde Unidas Podemos, también en el Gobierno, han respondido inmediatamente, requiriendo alternativas al bloqueo que motivó la reforma, es decir, cuestionando al ministro.
Sea como fuere, el Gobierno parece haber acusado recibo en el sentido apuntado por la Unión, y quienes, desde las asociaciones judiciales, hemos promovido la acción de las instituciones que integran nuestro esquema constitucional -en este caso las europeas-, en pos de un desbloqueo que facilite el adecuado y correcto funcionamiento de nuestro sistema constitucional. Podemos tener la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido. Tranquilidad vigilante, y satisfacción contenida y no plena.
Es necesario decir que el problema actual en torno a la renovación del CGPJ trasciende ya el debate de la conveniencia y oportunidad de la elección de los vocales del Consejo por los propios jueces, postura decididamente defendida desde el inicio de su existencia por la Asociación Profesional de la Magistratura. No es un problema, sólo, de quien elige a sus vocales, sino de garantía del normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, lo cual nos permite reconocernos, como ciudadanos en una democracia material y no como súbditos en una democracia formal.
La respuesta de la Unión Europea puede parecer poco contundente, pero tiene una segunda parte cuando también viene a decir, “arreglen el problema”. Las asociaciones han cumplido con su deber, la Unión Europea, también. Es la hora de nuestros representantes: resuelvan esto y garanticen el funcionamiento regular y legítimo de las instituciones, pues es su deber constitucional. Seguiremos vigilantes.
