MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
En un auto con fecha de 5 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 admite la denuncia por si los hechos fuera constitutivos de los delitos publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Sobre el primero de los delitos recuerda que castiga a los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.
La denuncia presentada, dice el juez, pone de manifiesto cómo las etiquetas de las botellas comercializadas indican que su contenido es vino de las características "reserva o gran reserva" y tal especificación es una información "relevante y engañosa" sobre las características del producto dirigida al consumidor, puesto que el contenido de tales botellas "se ha elaborado sin haber respetado los tiempos de envejecimiento en barrica que señala el pliego de condiciones".
En el auto, acuerda librar requerimiento a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que practiquen diligencias con el fin de continuar con la investigación y poder conocer las ventas de estas bodegas entre los años 2010 y 2019, ambos inclusive. Quiere saber tanto las ventas como las categorías de esos caldos (crianza, reserva o gran reserva), y la cantidad de botellas, así como los precios de compraventa.
El juez recuerda que la denuncia se dirige concretamente contra Félix Solís SL, Félix Solís Avantis SA y Félix Solís Yáñez en su condición de consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de ambas; J. García Carrión SA, Grupo Vinartis SA, y José García Carrión Jordán en su condición de administrador único; Bodegas Navarro López SL y Francisco Navarro López en su condición de administrador único; así como contra Bodegas Fernando Castro SL, Fernando Castro Alcarazo y Fernando Castro Parrilla en su condición de administradores solidarios.
COMPAGINARON LA ACTIVIDAD LEGAL CON LA DELICTIVA
Señala que las mercantiles denunciadas "vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva".
Esa actividad delictiva se habría concretado "en la puesta en el mercado de cantidades de vino con Denominación de Origen Protegido (DOP) Valdepeñas por encima de las declaradas al correspondiente Consejo Regulador, sin cumplir las condiciones de elaboración que tal denominación requiere y, por tanto, no respondiendo a la calidad dispuesta en el propio etiquetado del vino embotellado".
Además, el juez entra en cada uno de los cuatro casos para detallar como se concreta esa actividad en cada bodega. Así, indica que en el año 2018 Félix Solís SL y Félix Solís Avantis SA comercializaron 1,6 millones de litros de vinos de crianza con denominación DOP Valdepeñas, cantidad superior a las ventas declaradas por Félix Solís SA a la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas, que fue de 1,16 millones de litros. Esta diferencia de 472.745 litros, señala el juez, no está amparada en la declaración realizada a la DOP Valdepeñas para su venta como crianza en el año 2018.
"A su vez se verifica una diferencia de 614.968 litros de vino de crianza del año 2018 entre lo comprado por seis clientes y lo declarado por esta bodega como vendido a dichos clientes con dicha calificación de crianza", añade.
El juez señala que ocurre parecido con los vinos comercializados como reserva por Félix Solís en 2018. Comercializaron 1,44 millones de litros pero declararon ventas ante la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas por 1,2 millones de litros. En cuanto al gran reserva, en 2018 comercializaron 444.658 litros de vino tinto, cifra superior a la declarada (436.816 litros).
En el caso de García Carrión, relata que en el año 2018 verificaron unas ventas de 3 millones de litros gran reserva con DOP Valdepeñas, a un solo cliente. Dicha cantidad es superior al total de las ventas declaradas por la empresa Grupo de Bodegas Vinartis SA tanto a la autoridad administrativa inspectora (2.589.220 litros) como a la asociación interprofesional de la DOP Valdepeñas (2.120.119 litros).
La diferencia entre la venta de este tipo de vino a un solo cliente asciende a 410.780 litros respecto a la venta total declarada a la inspección, y de 879.881 litros respecto de los amparados por la DOP Valdepeñas para su venta como gran reserva.
En el caso de Bodegas Navarro López SL, la resolución afirma que se ha verificado una diferencia de 25.493 litros de vino de crianza del año 2018 con denominación DOP Valdepeñas entre lo comprado por cuatro clientes y lo declarado por la sociedad que ha vendido a dichos clientes con dicha calificación de crianza. Asimismo, se ha verificado que en el referido año esta bodega comercializó 110.178 litros de vinos de reserva con denominación DOP Valdepeñas, cantidad superior a las ventas declaradas a la Asociación Interprofesional de la DOP Valdepeñas, que alcanzó la cifra de 93.152 litros.
En Bodegas Fernando Castro, el caso es similar, porque las ventas declaradas no coinciden con los datos registrados por los clientes. Concretamente, las ventas realizadas a Alcampo difieren en un 1.367,55 por ciento en los vinos de crianza, y en un 1.941,54 por ciento en los vinos de reserva. Los vinos comercializados a Lili Ott SL difieren en un 420 por ciento en los vinos de reserva, los vendidos a Distribuciones Froiz SA difieren en un 21,50% en los vinos de crianza; y los comercializados a Victoriano Moldes Ruibal SA difieren en un 1,56% en los vinos de crianza y en un 66,74% en los vinos de reserva.
EXPEDIENTES SANCIONADORES: FALTA DE TRAZABILIDAD
El juez apunta además que los hechos relatados en al denuncia del Ministerio Público vienen avalados por la existencia de expedientes sancionadores de la Consejería de Agricultura, en relación con la investigación del órgano administrativo encargado de control de los vinos.
"En efecto, el hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos declaren cantidades diferentes, muy superiores a los declarados por las bodegas, supone un indicio de falta de trazabilidad del vino, así como de irregularidades en la comercialización", dice.
