SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
En una sentencia emitida el pasado 27 de enero y recogida por Europa Press, la Audiencia Nacional aborda un recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa de transporte de viajeros por autobús Los Amarillos, contra una resolución dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior en junio de 2019, imponiendo a tal entidad "una penalización por presunta prestación defectuosa en cuantía de 24.403,50 euros en el contrato" de transporte del personal de la cárcel de Morón.
En la resolución cuya anulación reclama la empresa, según detalla la Audiencia Nacional, figura que el citado contrato fue adjudicado a Los Amarillos en 2017 por un plazo de dos años y por importe de 585.684 euros, si bien ya ese mismo año se recibía "una queja colectiva de los usuarios del servicio, debido a la incomodidad en la que se realizaban los trayectos", mientras en 2018 un sindicato denunciaba "el deterioro de los vehículos y la falta de calefacción de manera continuada".
MÁS QUEJAS
La resolución sancionatoria da cuenta además con relación a 2018 de "numerosas quejas de falta de aire acondicionado en los vehículos, admitiendo la empresa una avería puntual en uno de los vehículos".
"Desde verano hasta finales del año 2018, las quejas tanto verbales como escritas han ido en aumento. Entre ellas destacan la inexistencia de calefacción, las fugas de líquido que humedecen asientos, cinturones de seguridad inoperativos o la ausencia de martillos para la rotura de cristales en caso de emergencia", se precisa, desgranando después nuevas quejas formalizadas ya en 2019.
Merced al correspondiente expediente, en el que la empresa no habría "formulado ninguna alegación ni ha mostrado disconformidad con los hechos que se le imputan", la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior le imponía la citada "penalización de 24.403,5 euros" por un "incumplimiento grave de las obligaciones asumidas" en su contrato.
SIN APORTAR PRUEBAS
Y aunque en su recurso contencioso administrativo la empresa aseguraba que "la resolución impugnada adolece tanto de vicios formales, como es la ausencia de notificación de la incoación del expediente, como de fondo, en tanto la potestad penalizadora se ha ejercitado prescindiendo de garantías mínimas; la Audiencia Nacional desestima su recurso y declara "conforme a derecho" la mencionada penalización, pues las quejas "constan comunicadas" a la empresa, toda vez que Los Amarillos "se ha limitado a negar la validez de la prueba, pero no ha propuesto actividad probatoria alguna tendente a acreditar la adecuada prestación del servicio".
A tal efecto, y entre otros aspectos, señala la Audiencia Nacional "las quejas relativas a los meses de enero y febrero de 2019 que, dado su tenor, evidencian la asiduidad y continuidad de las anomalías, afectantes tanto a la climatización como a la seguridad en marcha de los vehículos".
