¿NUEVA POLÍTICA?
Los españoles nos estamos acostumbrando a una manera de hacer política regentada por tahúres que utilizan torticeramente la legalidad según convenga a sus intereses partidistas. Se trata, en fin, de subvertir el Estado de Derecho con fines espurios, socavando la piedra angular de cualquier democracia seria, esto es, la letra y el espíritu de la Ley.
La última prueba de esta tesis la hemos encontrado en la intención de judicializar la convocatoria electoral de la Comunidad de Madrid, prevista para el próximo 4 de mayo. No digo que la moneda lanzada al aire por dos grupos parlamentarios de la Asamblea, en forma de sendas mociones de censura, presentadas a toda prisa y haciéndose eco de los rumores en torno a una posible disolución del órgano legislativo madrileño, no fuera legítima. Por supuesto que lo fue. Pero, desde el mismo momento en que el secretario general del Consejo de Gobierno certificó que el acuerdo de disolución de la Asamblea se produjo con anterioridad al registro de las mociones de censura, los grupos proponentes deberían, en buena lid democrática, haber aceptado su derrota. Eligieron cara y cayó cruz. De igual modo debió haber actuado la Mesa de la Asamblea, rechazando de plano la tramitación parlamentaria desde, al menos, el momento en que tuvieron conocimiento del citado certificado. Sobre el fondo jurídico en relación con la necesidad de que el acuerdo de disolución, por la presidenta de la Comunidad, se realizase con anterioridad a la tramitación de la moción de censura, me remito a los exhaustivos artículos publicados en este medio y rubricados por verdaderos expertos en derecho electoral y parlamentario.
Lo que aquí se ha impugnado es una forma política de proceder según la cual todo vale con tal de minar (y dominar) al adversario, polarizando y estresando el ambiente sin ningún tipo de pudor. Se ha pretendido poner en tela de juicio la legalidad de una convocatoria electoral que cumplía, de manera flagrante e indubitada, con todos los requisitos legalmente previstos. Esto, en mi opinión, sobrepasa las reglas no escritas de decencia y dignidad democrática, y se hizo con el único fin de intoxicar a la opinión pública, afectando incluso al derecho fundamental de sufragio activo de los madrileños. Así pues, esta nueva forma de hacer política, salpicada de filibusterismo judicial, debe ser rechazada por cualquier demócrata convencido.
Quizá se me tache de ingenuo, utópico o frívolo, pero creo firmemente que las mejores democracias del mundo se rigen por principios rectores y consensos que dotan de estabilidad al sistema. Sin embargo, cuando por parte de algunos actores principales de la vida pública esos principios rectores y consensos se sabotean día tras día (ya sea impugnando la convocatoria electoral madrileña, con el uso abusivo del estado de alarma o mediante un asedio permanente a la independencia judicial), nuestra vida en común tiene un grave problema. Así, los que defendemos la democracia representativa como contrato social basado en la libertad y en un sistema de frenos y contrapesos debemos hacer todo lo posible para que este devenir peligroso se reoriente. Y la mejor forma que tenemos de hacerlo es, todavía, votando por la defensa de nuestros derechos y el mantenimiento de las instituciones.
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