GRANADA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el interno, condenado por un delito de homicidio, o, en su defecto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, habrá de hacerse cargo también de una indemnización de 162.000 euros a la que fue compañera sentimental del finado, que ejercía la acusación particular en el proceso, representada por el letrado Evaristo Llanos.
Sobre las 17,00 horas del 29 de junio de 2017, el ahora condenado coincidió en el taller ocupacional del centro penitenciario con su víctima, que había cumplido 47 años ese día, "entablando ambos una discusión dentro de los aseos", ha detallado la sentencia, con fecha 23 de febrero de 2021 y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una vez fuera de los aseos siguieron los dos con la discusión, y en un momento determinado, en las dependencias del taller, el condenado sacó de entre sus ropas la mitad de unas tijeras con hoja puntiaguda y afilada de seis centímetros de longitud, con la que se dirigió al otro "con el propósito de clavarle el arma y causarle la muerte, consiguiendo asestarle numerosas puñaladas en el curso de una breve persecución por la estancia".
Las puñaladas le causaron hasta 23 heridas en distintas partes de su cuerpo de diversa consideración, muchas de ellas penetrantes que afectaron a la piel, y, de entre ellas, una en la cara interna del antebrazo izquierdo causada al levantar la víctima el brazo para protegerse; y otras afectaron a vísceras que produjeron "graves disfunciones en órganos vitales". Murió entre las 17,30 y las 17,40 horas y el homicida reconoció los hechos y entregó la media tijera a los funcionarios.
En el juicio, el procesado defendió que actuó así porque el "miedo pudo más" que él tras una discusión entre ambos en que señaló que fue amenazado de muerte, después de meses soportando "tocamientos sexuales". También mantuvo que llevó adelante la acción pero no por un tema de drogas sino porque el finado "abusaba" de él y se le "fue de las manos".
A la petición de la Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, de diez años y medio, se sumaron la acusación particular, que pedía en un inicio 18 años de prisión por supuesto asesinato, o alternativamente, 13 años y medio por la presunta comisión de un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad; y la defensa, que solicitaba en su escrito provisional la libre absolución o alternativamente la pena de dos años y medio de cárcel.
Por otro lado, dos funcionarios de la prisión de Albolote declararon como testigos en el juicio, reconociendo que se enteraron de los hechos diez minutos después de que ocurrieran, una circunstancia que achacaron a la "carencia de medios".
