BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Lo ha dicho en la inauguración del 'I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad', en la que también han intervenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
Ha explicado que el objetivo del congreso es generar un debate y generar propuestas para integrar la transparencia como principio informador del sistema jurídico y que ha defendido asumir de forma colectiva para el progreso.
Ha constatado que se trata de un principio que se manifiesta de forma amplia y transversal porque incide en la protección de consumidores en hipotecas, seguros y arrendamientos, mejora la gobernanza de las instituciones y garantiza la privacidad, la intimidad, el honor, así como la información veraz.
UN VALOR A RECLAMAR
Ortega, por su parte, ha sostenido que la transparencia es uno de los valores a reclamar este XXI y ha destacado que genera certidumbre y resulta útil en la actualidad: "Nutre de dignidad al sistema".
"En pleno siglo XXI la transparencia ya no pueda entenderse como una forma de estar sino realimente como una forma de ser, de sentir y organizarse, como una forma de gestionar, no solo como un aspecto meramente estético, sino ético", ha añadido.
Ha destacado que se trata de un valor reputacional de primer orden y un sello legitimador "innegociable" y que empresas e instituciones tienen la obligación incuestionable de ser transparentes.
Ha advertido de que este es un siglo de avances vertiginosos, en el que los datos masivos y la inteligencia artificial cambiarán los modelos de negocio y el concepto de privacidad.
"El contexto social y tecnológico en el que vivimos, la demanda de transparencia es absolutamente imparable, y la abogacía es y debe ser partícipe de estas garantías de derecho", ha asegurado.
Ve necesario un desarrollo legal y reglamentario que recoja la jurisprudencia consolidada por el Tribunal de Justicia de la UE como por el Tribunal Supremo español para que consolide unas reglas básicas del modelo de protección de consumidores y usuarios en estos aspectos, en sus palabras.
