SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
De ello ha informado la Vicepresidencia primera de la Xunta en un comunicado, en el que detalla que cada juzgado contará con un cuadro de personal de dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxilios con el objetivo de asignar a estos órganos judiciales de los puestos necesarios para dotarlos de una plantilla suficiente para desarrollar sus funciones.
Esto supone en total seis plazas de gestores, 12 de tramitadores y seis de auxilios, tal y como el Gobierno gallego trasladó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que remitió la solicitud de informe para su creación. Por su parte, el nombramiento de jueces, fiscales y letrados de la Administración depende del Ministerio de Justicia.
El departamento autonómico ha destacado que invertirá 850.000 euros en la creación de estos tres juzgados, fondos de los que la mayor parte --casi el 85%, con más de 722.000 euros-- se corresponden al coste de personal. Además, la inversión se completará con la dotación de mobiliario y material informático.
La Vicepresidencia primera ha señalado que la puesta en marcha de estos juzgados fue aprobada por el Ministerio de Justicia tras la petición de la Xunta y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Xustiza.
Conforme ha apuntado, el Gobierno central aceptó este año la creación de los tres tribunales propuestos. Aunque en 2019 la Xunta ya había reclamado nuevos juzgados para Vigo, Santiago y Lugo, el Ministerio solo había aceptado los dos primeros.
La Xunta ha indicado que los tres órganos empezarán a funcionar el 31 de marzo, tal y como trasladó el pasado miércoles el Ministerio, solo dos días después de que el Gobierno gallego manifestase su desacuerdo por la decisión de que el Ejecutivo central aplazase su entrada en funcionamiento tres meses hasta el 30 de junio.
El Gobierno gallego considera "prioritaria" la puesta en marcha de estos órganos judiciales para agilizar y aliviar la carga de trabajo de la jurisdicción de lo social, que atiende casos de ERTE o despidos y, por lo tanto, de relevancia para las familias afectadas por las consecuencias económicas de la covid-19.
