El ministro de Justicia, José Carlos Campo Moreno, presidió el acto inaugural en el Salón Dorado del Colegio, acompañado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y decano del colegio anfitrión, Cani Fernández Vicien, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Carlos Fernando Molina del Pozo, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, y Juan Ignacio Signes de Mesa, director de la Academia.
En sus palabras de bienvenida, tras la firma del libro de honor del Colegio, el ministro y el decano resaltaron la tradición jurídica española y la conexión de sus profesionales con el Derecho europeo. Por su parte, el director de la Academia puso de relieve cómo el TJUE se ha erigido en la institución de mayor impulso integrador en momentos críticos para la Unión, partiendo de una concepción de los Tratados, no ya como meros acuerdos internacionales entre Estados, sino como una carta constitucional para Europa y sus ciudadanos. El profesor Molina del Pozo, durante la conferencia inaugural, subrayó el carácter obligatorio de las sentencias del TJUE como fuente del Derecho.
La primera sesión de la Academia corrió a cargo de Julio Baquero Cruz, miembro del servicio jurídico de la Comisión Europea, quien examinó en detalle los términos de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional alemán en el asunto Weiss y su impacto en los principios constitucionales que se encuentra en la base del ordenamiento europeo. A continuación, Ignacio Ulloa Rubio, antiguo juez español del Tribunal General, Verónica Ester Casas, antiguo agente del Reino de España ante el TJUE, y Martín Martínez Navarro, letrado del TJUE, analizaron las sentencias pronunciadas por el Tribunal de Justicia en materia de Estado de Derecho e independencia judicial, a propósito de la reforma proyectada por Polonia respecto de los miembros de su magistratura suprema. Por la tarde, Ana Fernández-Tresguerres, notario y académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, abordó los aspectos de mayor relevancia para nuestro país en materia de Derecho europeo de familia, en particular por lo que se refiere a los reglamentos 2016/1103 y 2016/1104, sobre regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las parejas registradas. Santiago Jiménez García, miembro de la Abogacía del Estado ante el TJUE, concluyó la primera jornada refiriéndose a la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia laboral, resultante en buena parte de las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces y magistrados españoles.
Durante la segunda jornada, dos célebres especialistas en Derecho de la competencia, José Luis Buendía Sierra y Francisco Costa-Cabral, intervinieron respectivamente a propósito del reciente asunto Apple, relativo a las supuestas ventajas fiscales recibidas por esta compañía norteamericana por valor de 13.000 millones de euros, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre justificaciones medioambientales a la hora de aplicar las disposiciones de competencia del Tratado. Otras dos ponencias en materia de extranjería, sobre el asunto Zaizoune, y de sucesiones, sobre los asuntos Oberle y WB, fueron impartidas por Joaquín Moreno Grau, magistrado español y letrado del TJUE, y Juan Gómez-Riesco Tabernero de Paz, notario y, actualmente, experto nacional destacado en la DG Justice de la Comisión Europea.
Por último, la sesión de clausura, presidida por Concepción Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio, dio comienzo con la impartición de la conferencia del profesor Mariano Bacigalupo Saggese, a propósito de la cuestión prejudicial planteada por la CNMC en el asunto Anesco. Seguidamente, la Academia concedió el Premio APJE 2020 a los miembros españoles del servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea, en tanto que reconocimiento por su contribución a la práctica jurídica europea. Tras la laudatio de Ignacio Ulloa Rubio, Alberto De Gregorio, director de dicho servicio, intervino en representación de los galardonados, poniendo de relieve su labor recurrente ante los tribunales de Luxemburgo en defensa de tan destacada institución de la Unión.
