JAÉN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Entre los acusados se encuentra el supuesto cabecilla de la trama M.A.P.H., el que fuera concursante de Gran Hermano 8 y que fue detenido en Rus (Jaén) en junio de 2016. Han sido varios intentos los que se han producido para poder juzgar esta causa descubierta en 2016 a través de una operación desarrollada por la Guardia Civil y que fue bautizada como Krake. Hubo decenas de detenciones y casi cinco años después los acusados están llamando a sentarse en el banquillo para responder de los delitos de estafa y falsedad.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil señalaba que M.A.P.H., de 43 años, tenía relaciones con comerciales que trabajaban en varios municipios por todo el país dedicados a captar clientes de telefonía y los que se ofrecía la posibilidad de reducir su factura de móvil y obtener terminales a buenos precios.
Para tramitar el contrato, los vendedores tenían que conseguir sus datos personales, facturas y números de cuenta. Una vez dado este paso, otros miembros de la red, trabajadores de compañías que operan en el mercado, simulaban que eran clientes que querían darse de baja. Es lo que se conoce como 'falsa portabilidad'. Entonces, para evitar su marcha, las operadores les ofrecían descuentos y teléfonos.
Sin embargo, esos terminales nunca llegaban a los clientes sino que, según la Guardia Civil, iban a parar a la tienda del principal acusado en Rus y que supuestamente ponía a la venta a través de dos páginas webs y de anuncios.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, este modo de actuar supuso un perjuicio económico de más de 69.000 euros a dos compañías de telefonía móvil que operan en España, aunque una de ellas ha desistido de la causa por lo que sólo hay una compañía a la que se le atribuye un daño de 38.000 euros.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama una condena de nueve años de prisión y multa de 27.000 euros para M.A.P.H. como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad. Para 16 de los acusados solicita pena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros por la supuesta estafa, mientras que para los cinco restantes pide un año de cárcel como presuntos cómplices de un delito de falsedad.
Para este juicio están llamados a declarar 36 testigos, todos ellos víctimas cuyas identidades fueron supuestamente utilizadas por los acusados para hacer gestiones en su nombre con el fin de recibir móviles que luego revendían.
No será el único juicio que está previsto celebrar en Ifeja. El segundo de los juicios será también en febrero, concretamente el 15 de febrero y como en el caso anterior está previsto que dure varias jornadas.
En este caso se sentarán en el banquillo 84 personas. Lo harán en auditorio convertido en una improvisada sala de vistas. El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito de calificación, al que ha accedido Europa Press, que uno de los acusados dio de alta como trabajadores a 83 personas entre 2003 y 2007 y lo hizo "por el tiempo imprescindible y necesario para que una vez dados de baja pudieran cobrar prestación por desempleo, maternidad, subsidio por desempleo e incluso prestación por incapacidad en algún caso".
Aunque no es nada habitual, no es la primera vez que la Audiencia de Jaén tiene que echar mano de otros espacios fuera de sede judicial para celebrar juicios. Hasta ahora se venía recurriendo al salón de actos de la Delegación de Educación, pero incluso se llegó a celebrar un juicio en las instalaciones que la Policía Local tenía en Vaciacostales.
El aforo permitido en la sala del Palacio de Justicia es de 17 y en algunos juicios señalados el número de acusados supera con creces este número. Por eso, desde la Audiencia se ha optado por el Auditorio Guadalquivir.
La Delegación de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Jaén ha destinado más de 12.700 euros para poder celebrar estos dos macrojuicios en Ifeja y garantizar así que se celebren con todas las medias de seguridad frente al covid.
