A pesar de no contar con ningún César y de que el Rubicón nos caiga muy lejos, parece que la suerte esté echada. Digo parece porque, salvo que el TSJC cambie de parecer en su sentencia y revoque las medidas cautelarísimas que han provocado que, hoy por hoy, las elecciones catalanas tengan lugar el 14 de febrero, nos hallamos ante una encrucijada de imprevisibles consecuencias.
Agotada la legislatura, con el Parlamento catalán disuelto, un presidente de la Generalitat inhabilitado por desobediencia y a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique tal inhabilitación, unos partidos políticos que nos machacan con la cantinela cortoplacista habitual y no logran insuflarnos alicientes suficientes como para movilizar a una ciudadanía un tanto perpleja, podemos estar ante unas elecciones en las que el reparto de la abstención entre las distintas circunscripciones decante la composición del futuro parlamento y, por consiguiente, la formación del futuro gobierno.
Las dos grandes tendencias políticas en las que se agrupan los pro y los anti secesionismo llegan divididas a la consulta electoral. Nada nuevo, por cierto, ya que lo mismo sucedió en las convocatorias anteriores, saldadas, siempre, con el triunfo en votos de los partidos no secesionistas, que no tiene traducción en los escaños por ellos obtenidos ya que la ratio votos/escaños no se corresponde con el derecho al voto de igual valor preconizado por la Constitución y recomendado por la Comisión de Venecia.
El voto secesionista se concentra en ciertas circunscripciones (Lleida y Girona, básicamente), en donde el voto de cada persona tiene un valor de 2,4 veces mayor que el voto emitido en las grandes zonas urbanas, factor que en Estados Unidos fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Supremo (sentencia Reynolds v. Sims de 1964), lo que obligó a la reforma de las leyes electorales de las asambleas legislativas en diversos estados, por considerarse que un voto tan claramente desproporcional deterioraba la calidad del sufragio. Claro que el sistema de protección de derechos electorales es muy distinto en EEUU que en España, donde los particulares no contamos con procedimientos efectivos similares. Pero al nacionalismo nunca le interesó el concepto de sufragio igual, comportando que cada persona tenga un voto y que valga lo mismo el voto de cada persona.
Por cierto, recordemos también que el Estatuto de Autonomía actual, ese que fue aprobado con el voto de menos de la mitad del censo, blindó la posibilidad de cualquier cambio al respecto, porque se impuso la necesidad de que ello tuviera que ser acordado por 2/3 del parlamento catalán. Por lo que tenemos lo que tenemos para rato, cosa que no constituye ningún aliciente para el voto constitucionalista sino más bien lo contrario.
A esta falta de incentivos se añaden ahora las circunstancias derivadas de la pandemia y el factor añadido de la campaña contra el voto por correo que un sector del secesionismo ha comenzado en redes, en la más pura estrategia de deslegitimación de un hipotético resultado electoral que no les fuera favorable, como si de vulgares imitadores de Trump se tratara.
No está nada claro cuál puede ser el resultado electoral en estas condiciones. Visto que no parecen plausibles acuerdos electorales previos que pudieran favorecer el voto no secesionista, no sabemos cómo puede jugar la abstención. Tampoco si la división que presenta el nacionalismo, sector en el que parecen emerger opiniones menos radicales que las defendidas por la antigua Convergencia o Esquerra Republicana (no hablemos ya de la CUP y afines), puede también incentivarla en sus zonas de mayor influencia.
Va a comenzar, pues, una campaña en la que, a pesar de las decisiones del Tribunal Supremo, la Generalitat acaba de acordar el tercer grado a los condenados por la sentencia del procés, que podrán intervenir en la campaña electoral, ya veremos con qué eslóganes. Va a comenzar una campaña distinta, en la que los partidos van a tener que desplegar con ahínco la imaginación para que, salvo los convencidos de siempre, exista suficiente motivación para acudir a las urnas. Saber que es difícil ganar y el miedo a la pandemia agitado desde las instancias oficiales juega en contra de las opciones constitucionalistas.
Pero según recientes encuestas, las espadas están en alto, sin que se vea con rotundidad un claro ganador. Los movimientos habidos en las candidaturas buscan crear un efecto movilizador que no está claro en qué sentido puede jugar. Y parece ser que, en función de lo que se obtenga, los resultados pueden potenciar la repetición de un gobierno del secesionismo o la vuelta a un nuevo tripartito. Todo un déjà vu. Quedaría por explorar la posibilidad de un parlamento en el que los partidos no secesionistas tuvieran la mayoría y pudieran formar gobierno, lo cual constituiría una novedad importante, pero sería necesario para ello que tales partidos, además de obtener la mayoría en votos y en escaños, generasen acuerdos de gobierno que fueran claros en el respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Y nadie quiere pronunciarse con claridad al respecto, porque temen perder votos o que sean los otros quienes los ganen.
Así que no sabemos tan siquiera qué respuestas ofrecen los distintos partidos a los acuciantes problemas de la distribución competencial o del ejercicio de derechos ciudadanos. No aclaran, algunos, si quieren reforzar los lazos federativos o si prefieren continuar centrifugando competencias, al modo confederal generando discutibles mutaciones constitucionales. Tampoco aclaran, otros, si “lo volverán a hacer” o si amagan con una moderación que recuerda a lo que antaño era “ahora paciencia y mañana independencia”. Ni nos explican sus opciones sobre lo que nos viene encima y nos va a exigir Europa. El recuerdo de las togas y el miedo al virus van a formar parte de nuevos “indicadores electorales” con los que hasta ahora no contábamos. Veremos qué da de sí todo ello.
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