JAÉN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sentencia, a la que ha accedido Europa Press, condena a este guardia civil, V.S.S., de 40 años y destinado al puesto de Bailén (Jaén), como autor de un delito continuado de estafa. Además, le impone el pago de una multa de 3.000 euros.
También, como accesoria, el tribunal le impone la inhabilitación especial para el empleo de guardia civil y la "privación definitiva de dicho empleo, e imposibilidad de obtenerlo nuevamente durante el tiempo de la condena".
No obstante, la sentencia le absuelve del delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por el uso de las bases de datos de la Guardia Civil para llevar a cabo las estafas, algo que el tribunal no considera probado.
Durante la vista celebrada el pasado mes de octubre, el guardia civil procesado rechazó haber participado en nada que tuviera que ver con los hechos enjuiciados sostuvo que las consultas que hacía desde una de las bases de datos de la Guardia Civil formaban parte de la actividad policial que desarrolla en el día a día.
El guardia civil había sido acusado por el Ministerio Fiscal de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas. Además, le acusaba de usar dichas bases para conocer si determinadas personas estaban siendo objetos de investigación policial.
V.S.S. negó haber participado en conversaciones relacionadas con la compra-venta de empresas en dificultades. Lo que sí reconoció es que otro de los acusados y condenados en esta causa le prestó 25.000 euros en dos operaciones distintas porque necesitaba dinero cuando se estaba separando, dinero que supuestamente ya ha devuelto aunque no consta recibo alguno porque "había confianza". La investigación reveló hasta 72.330 euros en ingresos injustificados en la cuenta del guardia civil.
En el banquillo, le acompañaron J.G.A., de 45 años, y M.A.A.M., como el supuesto intermediario y empresario, respectivamente, que se encargaban de ejecutar las operaciones de compra de las empresas. En el caso de J.G.A., el tribunal le condena a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa y al pago de 3.300 euros de multa.
J.G.A., es en la trama el intermediario y la persona aseguró asegurado haberle prestado dinero al Guardia Civil. Durante el juicio señaló que él se limitaba a poner en contacto a empresas que pasaban por dificultades con posibles compradores.
La sentencia inhabilita a J.G.A. para el ejercicio de la profesión de recuperaciones, reciclados y venta de chatarra durante el tiempo de la condena.
Por su parte, el tercer procesado, el empresario acusado de comprar las empresas a precios simbólicos y no cumplir después con las obligaciones contraídas, ha sido condenado a otros tres años y medio de cárcel y multa de 3.000 euros. También se le inhabilita para el ejercicio comercial de actividades empresariales durante el tiempo de la condena.
La sentencia recoge como hechos probados que los tres condenados, a comienzos de 2014, "puestos de común acuerdo, establecieron un plan para sacar provecho de empresas en situación de grave crisis económica, pero que contaban con un importante inmovilizado material".
Para ello, aparentaban "disponer de los medios necesarios para reconducirlas en el tráfico mercantil, y ofreciendo asumir en su integridad las deudas y gravámenes que pesaran sobre ellas, e incluso los avales y fianzas de cualquier tipo por los que vinieran obligados a responder los socios de las mismas".
Por ello, las compraban al precio simbólico de un euro ya que "la utilidad del negocio radicaría en que los socios de dichas entidades se verían definitivamente liberados de las deudas contraídas, sin riesgos de mayores pérdidas". El guardia civil condenado aportaba "seriedad y credibilidad a las propuestas de adquisición y a los acuerdos en que pudieran materializarse".
"La verdadera intención de los acusados no era otra que el sistemático desmantelamiento del inmovilizado material de las empresas adquiridas, su venta a terceros y la disposición en su beneficio del numerario obtenido, sin voluntad alguna de hacer frente a las obligaciones contraídas en los contratos de trasmisión", dice la sentencia.
La primera empresa comprada en 2014 para su posterior desmantelamiento tenía domicilio social en Jaén y se dedicaba a la explotación de canteras de grava y arcilla. Contaba con un inmovilizado en material y maquinaria superior al millón de euros.
La segunda de las empresas adquirida para su desmantelamiento con posterioridad a agosto de 2014 tenía sede en Mancha Real (Jaén) y su objeto era la producción, distribución y venta de energía generada por procesos de combustión de biomasa, así como a la comercialización de los subproductos generados en la actividad. En este caso, la empresa, según Fiscalía, tenía un inmovilizado en material e instalaciones superior al 1,7 millones de euros.
En lo que respecta a la responsabilidad civil se les condena a indemnizar conjunta y solidariamente a los dos empresas con un millón de euros para la que tiene razón social en Jaén y en 1,4 millones para la de Mancha Real. Asimismo, se solicita que el tribunal declare la nulidad de las escrituras de venta de las participaciones de ambas sociedades.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
