MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Campo ha reivindicado que la defensa de los intereses jurídicos de los ciudadanos cumple una función pública clara, puesto que es condición necesaria para la articulación del modelo constitucional de convivencia. "Sin esa función, ni el ciudadano vería protegidos sus derechos, ni los poderes públicos se verían capaces de dispensar la debida tutela a sus legítimas pretensiones", ha dicho, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Además, ha aprovechado para recordar las iniciativas legislativas puestas en marcha por su Ministerio que favorecerán el ejercicio profesional de la abogacía, mencionando la Ley del Derecho de Defensa, la Ley de Eficiencia Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
También ha aludido al impulso de otras normas que, de acuerdo con Justicia, demuestran su interés por ampliar el concepto de garantías procesales, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva, como la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o la Ley de Discapacidad.
Campo ha insistido en que es igualmente necesario llevar a cabo otras medidas de índole práctica para modernizar el sector de la justicia, entre las que se ha referido al desarrollo de la justicia electrónica.
"El sector requiere de importantes transformaciones que no podemos seguir aplazando", ha sostenido, asegurando que todos estos cambios se llevarán a cabo en cogobernanza "a fin de hacer de su transformación un proyecto común, un ejercicio de construcción colectiva donde todas las sensibilidades y colectivos profesionales se vean reconocidos".
