MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La decisión se notificó el pasado 10 de noviembre y nueve días después el condenado, entregado recientemente por Brasil, salió en libertad tras una nueva liquidación de su condena.
En una nota distribuida este miércoles, la Fundación Abogados de Atocha ha mostrado su malestar por esta decisión del tribunal de garantías porque su recurso, que argumentaba las razones de inconstitucionalidad de la decisión judicial en un escrito de más de 60 folios, se tuvo por recibido en el TC el 6 de noviembre y sólo cuatro días después se inadmitió.
"De la celeridad en la toma de decisión se deduce que es una inadmisión de modelo y que difícilmente se puede pensar que en cuatro días, con un fin de semana por medio, haya podido tomarse una medida de estas características", aducen.
En reunión mantenida por el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha y una vez informado por la abogada y miembro de este Patronato, Cristina Almeida, que ha actuado como coordinadora en representación de la Fundación, este organismo ha decidido estudiar la posibilidad de recurrir el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) , cuestión para la que se da un plazo de seis meses, según informan en su comunicado.
La excarcelación se produjo por orden de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura.
Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.
Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
El abogado de García Juliá se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha, y obtuvo una respuesta favorable.
