“Es para mí es un auténtico placer el poder estar hoy aquí y comprobar de primera mano la enorme profesionalidad y rigor con que trabajan hombres y, sobre todo, mujeres -que representan más del 75% del total de los profesionales- en el INTCF”, ha dicho Campo. Según el ministro, se trata de una institución puntera, referente en el ámbito de las ciencias forenses y la criminalística, tanto a nivel nacional como internacional, y una pieza clave de la Administración de Justicia.
Asimismo, el ministro de Justicia ha presidido el acto de presentación de la Guía para el uso forense del ADN, llevada a cabo por la Comisión Nacional para el Uso Forense el ADN, acompañado de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la directora general para el Servicio Público de Justicia y presidenta de dicha Comisión, Concha López-Yuste.
“Esta guía es fruto de un trabajo colectivo y lo que se ha intentado es hacer un documento que facilite el conocimiento práctico de la aplicación forense del ADN, con un doble enfoque: el jurídico y el científico”, ha destacado Alonso en la presentación del proyecto.
Buenas prácticas para el uso forense del ADN
La guía tiene como finalidad facilitar el conocimiento del uso forense del ADN a los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, facultativos de institutos de Toxicología y Ciencias Forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.
“Como juez, soy plenamente consciente de la importancia que tienen las ciencias forenses en una administración de justicia eficaz y moderna”, ha resaltado Campo, que ha mostrado, además, su admiración hacia esta área del saber y hacia quienes, a través del mismo, ponen lo mejor del conocimiento científico al servicio de los tribunales.
El uso forense del ADN es quizás el mejor ejemplo, según el ministro. “La genética forense es el método más preciso y eficaz de entre todas las técnicas de investigación criminal, lo que le convierte, a su vez, en uno de los medios más fiables de acceso a la verdad para nuestros órganos judiciales”, ha dicho.
El documento contiene propuestas y recomendaciones de buenas prácticas fruto de la experiencia profesional de los integrantes de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Además, recoge, en los anexos, otra documentación de utilidad, como una breve reseña jurisprudencial con sentencias sobre la validez y valoración de la prueba pericial de ADN en el proceso penal.
Campo ha puesto en valor la iniciativa de llevar a cabo esta guía. “La Comisión ha acertado plenamente al identificar la necesidad de acercar el conocimiento de la genética forense a los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia”, y ha agradecido a sus coordinares el trabajo realizado.
