LOS PASOS MEDIDOS: DE LA FISCALÍA AL PODER JUDICIAL
La existencia de una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formulada por juristas de ignorado prestigio cuya identidad no se ha desvelado, no es algo que me haya cogido por sorpresa. Oí hablar de ella hace ya algunos meses. Por lo que suponía de ruptura del orden constitucional y del consenso que impera en Europa sobre los requisitos mínimos propios de un Estado de Derecho, no le atribuí mayor trascendencia que la de una ocurrencia propia de antisistemas que, por lo demás, encontré perfectamente lógica: en el ADN de un antisistema está destruir el sistema, aunque se trate del sistema constitucional que ha proporcionado a España el mayor período de libertad y prosperidad de su historia moderna. Mientras que la efectividad de esa propuesta dependiera de su aceptación por un partido político institucional y de probada tradición democrática, como el PSOE, forzado a cohabitar con un partido antisistema para poder formar un gobierno, podía estar tranquilo en la seguridad de que la propuesta no pasaría de ser lo que he dicho, una ocurrencia. Pensaba, para mí, que hasta una cohabitación forzada tenía sus límites.
Cuando, semanas después, supe que miembros de ese partido institucional y democrático afirmaban que estaban considerando la propuesta reconozco que me preocupé, aunque lo hice de una manera contenida, si se quiere, sin mucha convicción. Atribuí esas afirmaciones a una reacción hiperventilada y puntualmente autoritaria de quienes habían descubierto, para su sorpresa, que el poder judicial en España era realmente independiente y que su órgano de gobierno no se dejaba presionar cuando se intentaba impedir que cumpliera sus funciones nombrando a magistrados del Tribunal Supremo. También pensé que podía tratarse de una simple distracción para desviar la atención de la desastrosa gestión de la (no) presencia del Jefe del Estado en un acto judicial en Barcelona. Incluso no descarté que no fuese otra cosa que un farol en el juego de espejos de los partidos en sus negociaciones para renovar el CGPJ.
No cabía pensar de otra manera. La propuesta antisistema era la copia empeorada de la reforma del poder judicial llevada a cabo por la ultraderecha gobernante en Polonia, situada en el espectro político más alejado posible de un partido socialdemócrata europeo. Esa reforma suponía la abolición de la efectiva división de poderes: al hacer posible que la mayor parte de los miembros del CGPJ fuese elegida por una mayoría simple o mínimamente cualificada del parlamento, la misma mayoría que da apoyo al gobierno, la composición del CGPJ acabaría correspondiéndose con una mayoría partidista del parlamento y con un gobierno. Eso supondría la pérdida de la apariencia de neutralidad del órgano que nombra a los jueces y, con ello, la pérdida de apariencia de imparcialidad de los propios jueces.
Lo que suponía la vía polaca en cuanto a la destrucción del principio de división de poderes era algo que ya se había puesto de manifiesto en el Informe CDL (2017) 035 de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa); en la Recomendación 2018/103 de la Comisión de la UE; en el Informe de 2010/2011 de la Red Europea de Consejos de Justicia; había motivado pronunciamientos del rechazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso había provocado que la Comisión de la Unión Europea activase el mecanismo del art. 7 del Tratado de la Unión Europea, que puede determinar la suspensión de los derechos de un Estado miembro cuando su legislación violente las exigencias del Estado de Derecho.
La última manifestación de rechazo a la vía polaca que he conocido no ha podido ser más cualificada: la carta común firmada días atrás por los líderes de los cuatro grupos mayoritarios del Parlamento europeo, incluida la líder del Grupo Socialista (Iratxe García) que, en clara referencia a las reformas del poder judicial del gobierno polaco, han propuesto que no se permita a ese gobierno participar en la gestión de los fondos destinados a la recuperación de Europa de los efectos de la pandemia.
Se entiende que, en semejante contexto, la reacción que me ha producido la presentación de una proposición de ley por parte no solo de Podemos, sino también de un partido socialdemócrata, que abundaba en todo lo que los demócratas europeos rechazan, fuese de auténtica incredulidad y, ahora sí, de intensa preocupación, que va más allá de la preocupación que me produce que España se cubra de vergüenza ante las instituciones europeas. Ya he dicho que el contenido de la propuesta no me ha producido sorpresa, porque la conocía. De lo que realmente me sorprendo, analizado este transcurso, es de mi ingenuidad, que me ha llevado a confundir con ocurrencias lo que son pasos medidos. El día que se aceptó que una ministra, sin transición de ningún tipo, pasase del gobierno a la Fiscalía General del Estado se rompió una barrera que hacía posible que se diese un paso más, esta vez para ocupar el órgano de gobierno del poder judicial. Una vez que el órgano de gobierno se ocupe, el camino habrá quedado expedito para dar otro paso, seguramente ya definitivo, para ocupar el propio poder judicial. Después, ya no quedará nada más que ocupar.
