DELEZNABLE
Algunas veces no resulta fácil encontrar la palabra adecuada que defina una actitud, una conducta, una acción. La riqueza del lenguaje no alcanza a catalogar la variedad de dimensiones y matices que puede llegar a tener la proyección del ser humano. No nos queda entonces otro recurso que acudir a las connotaciones. Y a veces, éstas asustan.
Hemos conocido estos días que un magistrado que ejerce sus funciones en la Audiencia Nacional, ha sido objeto de amenazas de muerte a través de las redes sociales, a raíz de la elevación al Tribunal Supremo de una exposición razonada en la que considera que, de las investigaciones judiciales, resultan indicios de delito contra un vicepresidente del Gobierno. No se trata en estas líneas de defender a un compañero. No es preciso para ello mi humilde opinión. Pero no puedo callar la repulsa que merece tan deleznable cobardía y al propio tiempo la preocupación que campañas así debería suscitar en quienes tengan por convicción la bondad del Estado de Derecho.
Nuestro Estado de Derecho dispone de mecanismos suficientes para estudiar, ya en el ámbito gubernativo o bien en el campo penal, el alcance de tales conductas. Es en otros ámbitos donde creo que merece centrarse la reflexión que provoca tan cobarde expresión de mezquindad.
Debería ser sabido que no hay Estado de Derecho sin un Poder Judicial, ya no solo independiente, sino que además tenga el respeto de la sociedad a la que sirve. La primera condición se cumple sin atisbo de duda en el Poder Judicial español. Los Jueces actúan sometidos solamente a las leyes, sin aceptar injerencias de quienes a través de cualquier cauce de presión intenten orientar el sentido de sus decisiones o quebrantar el principio de igualdad que proclama la Constitución. Así administran Justicia en nombre de S.M. El Rey; conviene también en estos tiempos recordarlo. Pero no solo reside en estas propiedades “internas” la fortaleza de un sistema judicial. Es preciso que, tanto los ciudadanos como las instituciones, respeten las resoluciones judiciales y las cumplan (art. 118 CE), lo que comporta no solo eludir sino también combatir cualquier campaña de desprestigio que se orqueste contra quienes en un esquema democrático tienen la misión de tutelar en último término los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos. Esta obligación compromete sin duda también a los Poderes Públicos.
Sea cual sea la intensidad de una estrategia de desgaste, a esa sociedad a la que nos debemos y servimos, le recordamos el compromiso que adquirimos cuando juramos o prometimos nuestro cargo: administrar recta e imparcial Justicia frente a todos. Que no quepa la menor duda de lo inquebrantable que resulta nuestro juramento.
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