La semana que viene, y salvo sorpresas de última hora, se celebrará el acto de Apertura de Tribunales al que llegaremos sin haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial, que así se aproxima a completar un segundo año de prórroga. Nada nuevo. Desgraciadamente es ya práctica política que la renovación de los órganos constitucionales se atasque y no se haga en plazo. En esto el órgano que se lleva la palma suele ser el Tribunal Constitucional, lo que pasa más desapercibido porque no se renueva en su totalidad como el Consejo. Y respecto del Defensor del Pueblo no llevo la cuenta, pero que quien ostenta el cargo esté “en funciones” es lo habitual, que no lo normal.
¿Por qué estos retrasos? Se trata de órganos cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos, y para esa renovación se requiere la formidable mayoría de tres quintos, lo que exige el acuerdo entre los partidos mayoritarios. La exigencia de esa mayoría es una llamada al consenso, para que no sean órganos monocolores; ahora bien, puede implicar un efecto indeseable: que se convierta en capacidad de bloqueo. Y así estamos.
Me centro en el Consejo General del Poder Judicial. Por si a estas alturas hay algún lector desinformado le recuerdo varias cosas. La primera que el Consejo no es la Justicia, no es un tribunal que condena o absuelve, sino que gobierna al Poder Judicial. Mutatis mutandi, ni el Ministerio o las Consejerías de Sanidad ejercen la medicina, no diagnostican ni fijan tratamientos sino que gobiernan y gestionan el sistema nacional de salud. Lo segundo que conviene recordar es la importancia estratégica del Consejo: selecciona, nombra, forma, inspecciona y, en su caso, sanciona a los jueces. Esto explica el interés político que despierta y concita lo que lleva a la tercera cuestión que conviene recordar a ese hipotético lector desinformado: las razones de por qué se bloquea su renovación.
Creado por la Constitución, fue cuestión pacifica que el Consejo era la consecuencia de principio de separación de poderes. Si el Judicial es independiente del Ejecutivo y Legislativo, lo coherente con dicho principio era, respecto del órgano que lo gobierna, que de sus veinte vocales doce los eligiesen directa y libremente los jueces y los otros ocho ya el Parlamento. Pero fue llegar el Partido Socialista al poder en 1982 para echar abajo en 1985 ese pacto constitucional y el Parlamento pasó a elegirlo en su totalidad, algo que saciaba sus ansias de poder: gobernaba, legislaba desde una mayoría parlamentaria nunca vista y quería también controlar la Justicia; además controlaba prácticamente todas las autonomías y los principales municipios. El Tribunal Constitucional dijo que ese cambio era admisible si no degeneraba en un calco del reparto de mayorías parlamentarias, si no lo politizaba, lo que ha sido la realidad.
El Partido Popular vino prometiendo desde 1985 que volvería al sistema originario, el nacido del pacto constitucional, y así pudo hacerlo cuando ha tenido mayorías absolutas, promesa que ha incumplido. Ciertamente en 2001 aprobó el actual “sistema intermedio”: los jueces proponen candidatos y el Parlamento elige de entre ellos a los doce vocales judiciales, sistema que se mostró perverso: no evita el reparto político de vocales judiciales y, además, se hace con una Judicatura que entra de lleno al juego partidista como cooperador necesario para un enjuague político. Una verdadera trampa para elefantes.
Actualmente sólo dos partidos abogan por la vuelta al sistema originario y netamente constitucional, Ciudadanos y Vox; uno de futuro menguante y otro oficialmente declarado como antisistema de extrema derecha. La izquierda en bloque sigue fiel a su repulsa por todo lo que implique separación de poderes e independencia judicial; los independentistas -que jamás renunciarían a elegir a sus jueces y a su órgano de gobierno- tampoco se quedan al margen del reparto gracias a su eterna condición de bisagras. ¿Y el Partido Popular? Pues ahí sigue, fiel a su papel de interesado seguidor, mantenedor y aplicador de las reformas socialistas de calado político e ideológico: fuera de cuadrar cuentas ni está ni se le espera en toda empresa de regeneración, menos del sistema político y menos aún del judicial, máxime si ya ha experimentado qué pasa cuando la Justicia le resulta adversa.
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