SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha dado cuenta de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha querido dejar claro que la Junta no va a permitir una nueva "agresión" del Ejecutivo nacional a Andalucía, a la que trata de "asfixiar económicamente".
Ha añadido que esta comunidad ya ha sufrido cinco "hachazos económicos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por el hecho de que en la Junta ya no están los socialistas. Se ha referido a la "infrafinanciación" de 800 millones por el actual modelo de financiación, al hecho de que Andalucía vaya a recibir 127 millones menos por las entregas a cuenta de 2019 y 2020 o 800 millones menos por un reparto "arbitrario" de los fondos Covid, mientras que no se pagan los 534 millones por la liquidación del IVA de 2017 y ahora se "recortan" 200 millones de los fondos de formación para el empleo.
En concreto, el recurso se interpone contra la disposición adicional séptima del citado Real Decreto, que establecía que "con carácter excepcional y extraordinario" los ingresos derivados de la cotización por formación profesional del ejercicio 2020 "podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo" o "para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo".
Según expone la Junta, tras aprobar dicha norma, el Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladó a la Conferencia Sectorial de Empleo el 1 de abril un reparto de fondos a las comunidades que, en materia de formación, se limitó a solo 11 millones de euros para Andalucía, frente a los 198 millones que le hubiese correspondido, ya que la previsión inicial era la de disponer de, al menos, el 90% de los fondos recibidos en 2019. Esta decisión fue aprobada con la posición en contra de varias comunidades, entre las que se encontraba Andalucía.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
En su argumentación del recurso, el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno recuerda que la Ley que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo establece como fuente de financiación de esta materia los fondos procedentes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, medida que se incluye igualmente en la ley anual de Presupuestos Generales del Estado, que especifica que los ingresos por estas cuotas no podrán aplicarse a finalidades distintas.
En este sentido, el acuerdo del Consejo de Gobierno considera que la declaración del estado de alarma puede permitir realizar modificaciones temporales de la legalidad ordinaria en vigor por parte del Gobierno central, pero no extender estos cambios más allá de la finalización de dicho estado de alarma. En este sentido, la aplicación de la norma que se recurre, que afectaría a todo el presupuesto completo del año 2020, habría incurrido en una extralimitación con respecto a los poderes excepcionales que otorga el artículo 116 de la Constitución Española.
Asimismo, se recuerda que el Sistema de Formación Profesional para el Empleo se rige por el principio de unidad de caja, y que la Ley que lo regula incluso establece que los remanentes de crédito que se pudieran producir al final del ejercicio deben incorporarse a los créditos presupuestarios en el siguiente año.
Por último, el acuerdo alude al "claro perjuicio para la Hacienda Autonómica Andaluza" ante compromisos ya adquiridos de gestión de la formación profesional para empleo de 90 millones de euros.
