SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
En una entrevista con Europa Press, Javier Millán ha evaluado el impacto de la irrupción del Covid-19 en el servicio público judicial, dado el 'cierre' casi completo del mismo merced a las restricciones del estado de alarma decretado para combatir la propagación del virus.
Al respecto, ha recordado que "lamentablemente, la Justicia tiene un lastre histórico", señalando el "cúmulo de asuntos y la dilación en la resolución de los procedimientos" incoados, toda vez que durante el levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma, la Audiencia de Sevilla fue el escenario de varias protestas de abogados y procuradores por las consecuencias del "cierre" de la Justicia.
Según alertaban estos profesionales, fruto de las demoras históricas y de las restricciones del estado de alarma, la actividad judicial afrontaba "un embudo muy grande" en la tramitación de las causas judiciales, con el consecuente impacto en los derechos de la ciudadanía al servicio público de la justicia, al ser encadenada además esta situación con las vacaciones estivales.
MEDIDAS "EXTRAORDINARIAS"
Frente a ello, Javier Millán ha defendido el "compromiso" de la junta con el servicio público de justicia y ha expuesto que las "situaciones extraordinarias" necesitan medidas de la misma naturaleza, defendiendo el "plan de choque" promovido por la Consejería de Justicia para "reactivar" el funcionamiento de los órganos judiciales andaluces, plan que contempla medidas por valor de 7,2 millones de euros, 1,6 millones en el caso de la provincia de Sevilla.
Gracias a este plan, según ha detallado, hasta 220 funcionarios del sector judicial de Sevilla, groso modo 80 gestores, 80 tramitadores y unos 50 trabajadores de auxilio judicial, podrán realizar "servicios extraordinarios durante tres horas al día y tres días a la semana", medida que copa el grueso del montante provincial del citado plan con unos 1,43 millones de euros.
Además, dicho plan, considerado insuficientes por sindicatos como STAJ, contempla un "refuerzo" adicional de la plantilla de auxilio judicial, con siete contrataciones de cuatro meses "prorrogables dos meses más" y otro "refuerzo extraordinario" en los juzgados mixtos de Carmona, Lora del Río y Utrera, con un tramitador más en cada caso, pues tales órganos "ya sufrían una situación de sobrecarga laboral" ante del estado de alarma.
NUEVOS JUZGADOS
Del mismo modo, ha rememorado que el 1 de septiembre comenzarán a funcionar en Sevilla tres nuevos jugados cuya implantación ya estaba planeada antes del estado de alarma, en concreto el juzgado de lo Penal número 16, el juzgado de Primera Instancia número 30 y el juzgado de lo Social número 12, toda vez que según ha explicado la entrada en vigor de esta medida había sido retrasada por la irrupción del virus.
Todo ello, según ha defendido, para "cubrir las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por el incremento de la entrada de asuntos por la pandemia y reducir los plazos de resolución" de las causas judiciales, lo que le ha llevado a señalar las "medidas de auto refuerzo" en los juzgados de lo Social y lo Mercantil, con "retribuciones extraordinarias" para los funcionarios merced a un "programa de actuación por objetivo", extremo que abarca además a los juzgados de lo Pena, de Familia y de Primera Instancia.
