ALBACETE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
En la sentencia, recogida por Europa Press, se argumenta que "no se ha probado mala fe, porque no se ha acreditado que ocultaran datos o hechos determinantes de la absolución, ni tampoco temeridad".
El alcalde, con la finalidad de optimizar los costes de energía eléctrica, a través del jefe del departamento de obras, con quién había intercambiado conversaciones a tal fin, en el mes de mayo de 2016 encargó a un vecino de la localidad, instalador de energía eléctrica y que se encontraba contratado en esos momentos por el plan de empleo del Ayuntamiento en funciones de conserje en la Casa de la Cultura, que examinara las facturas que por diversos contadores efectuaba la comercializadora.
Una vez realizado un primer estudio, en el que se verificaba que había puntos de suministros en los que se había contratado potencia excesiva y que en otros era inferior a la necesaria, lo puso en conocimiento del alcalde, autorizándole a un estudio completo y a buscar mejores condiciones económicas en otras empresas.
