ZARAGOZA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
De las 13.550 demandas presentadas en estos años, solo quedan pendientes de resolver 3.246 repart5idas entre Zaragoza (3.131), Huesca (97) y Teruel (18). En este periodo de tiempo, se presentaron 5.050 demandas en 2017, sobre las cuales se produjeron 526 resoluciones. De esta forma, quedaron pendientes 4.524 causas.
El incremento de la presentación de este tipo de demandas fue notable a lo largo del año 2018, ya que en todos los trimestres se superaron con amplitud las 1.000 demandas. En el conjunto de Aragón se presentaron 5.905 demandas en este ejercicio, la cuantía más elevada en un solo ejercicio. Sobre este volumen, además de las pendientes de 2017, se produjeron 3.236 resoluciones.
De esta forma, a 31 de diciembre de 2018, quedaban pendientes de solución jurídica 7.193 demandas, de las cuales 6.708 correspondían a Zaragoza.
El último ejercicio completo, el de 2019, culminó con la presentación de 2.151 demandas, con un volumen decreciente según avanzaba el ejercicio. A 1 de enero de 2020 quedaban por resolver 4.641 asuntos, de los que 4.300 correspondían a Zaragoza y se habían dictado por los jueces competentes un total de 6.769 sentencias en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
En el primer trimestre de 2020 continuó el descenso en la entrada de demandas, una curva que ya experimentó una tendencia descendente en el segundo trimestre de 2020. En esta línea de disminución, siempre en el primer trimestre de 2020, se presentaron 174 demandas en Zaragoza, 43 en Huesca y 17 en Teruel.
En el primer trimestre de este año se resolvieron 1.068 demandas, repartidas de la siguiente forma: 935 en Zaragoza, 121 en Huesca y 12 en Teruel.
La intensificación de la pandemia desde mediados del mes de marzo ha hecho disminuir levemente las cifras en el segundo trimestre de este año. Solo ingresaron 210 demandas en la Comunidad Autónoma distribuidas entre Zaragoza (176), Huesca (76) y Teruel (12). En este segundo trimestre se resolvieron 687 reclamaciones.
La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Angeles Júlvez, ha indicado que "a lo largo de 2019, con la actual dotación de cuatro magistrados en Zaragoza, ya se alcanzó un importante nivel resolutivo con un número de asuntos finalizados, que dobló al número de nuevas demandas que, en 2019, alcanzaron la cifra 2.151. Vamos por tanto por el buen camino con la idea de poder terminar en cuestión de pocos meses con la bolsa de asuntos pendientes derivados de hipotecas firmadas por miles de aragoneses".
REFUERZOS
El plan de especialización de Juzgados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo) se puso en marcha el 1 de junio de 2017.
"El apoyo expreso a la continuación del plan durante este año, el mantenimiento del número de jueces dedicados a estos procedimientos y del personal administrativo tiene como objetivo la finalización de todos los asuntos presentados, nacidos por esta causa, en un tiempo razonable. Por tanto, hay que valorar positivamente la adopción en su momento de esta medida extraordinaria que ha conseguido unificar criterios y dar seguridad jurídica a los ciudadanos aragoneses", ha añadido Júlvez.
En Zaragoza, se creó un juzgado de refuerzo, el 12 bis, y posteriormente se procedió a la especialización de uno de Primera Instancia, el número 12 de Zaragoza, que conoce desde primeros de 2018 y de manera exclusiva, de los litigios relacionados con las cláusulas suelo y las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física, además de otros relacionados con vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en la provincia de Zaragoza.
En Huesca ha sido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 quien ha soportado de forma exclusiva este tipo de demandas y en Teruel el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.
El Gobierno de Aragón se hizo cargo de los gastos que supuso la habilitación del Juzgado, con su equipamiento informático, ubicado en la Ciudad de la Justicia, y del abono de las nóminas de los gestores, tramitadores y auxilios judiciales, mientras que el Ministerio de Justicia ha hecho frente en este periodo a los nombramientos de los jueces y letrados de la Administración de Justicia y al abono de sus salarios.
El coste aproximado, atendido por el Gobierno de Aragón, viene a ser de unos 550.000 euros por anualidad. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón continúa financiando este plan de actuación durante el año 2020, con el objetivo de terminar con la pendencia de estos procedimientos y que los ciudadanos afectados consigan su resolución.
