MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han firmado el acuerdo de cooperación que ambas instituciones vienen manteniendo en esta materia desde 2016 y que permite adecuarlo a la normativa vigente.
Así, la carrera judicial y la carrera fiscal se comprometen a optimizar los recursos de la Administración de Justicia para ofrecer "una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos", especialmente a los colectivos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, cada vez más frecuentes como consecuencia de crisis económicas y sociales, han destacado ambas instituciones.
Según ha informado el CGPJ en un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio Público pretenden, de acuerdo con la normativa europea, promover un cambio de "paradigma" que permita incluir los métodos de resolución amistosa de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales e incorporar al sistema de justicia, sobre todo penal, los principios, valores y herramientas de la justicia restaurativa.
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN CONJUNTA
Para ello, ambas partes se comprometen a crear mecanismos de colaboración entre las dos instituciones, al intercambio fluido de información y a diseñar proyectos comunes para implantar y desarrollar de forma adecuada estos mecanismos y darlos a conocer entre la ciudadanía.
También se comprometen a desarrollar actividades, cursos, seminarios e investigaciones relacionadas con los denominados "Métodos Adecuados de Solución de Conflictos" (MASC) y la justicia restaurativa, dirigidos tanto a profesionales como a la sociedad civil, para lo que consideran esencial la formación conjunta de jueces y fiscales en la materia.
Por último, el convenio prevé una Comisión Mixta de Seguimiento, con presidencia rotatoria de ambas instituciones, que tiene por objeto coordinar las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del Convenio y el control de su ejecución, ha destacado la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
Para el Ministerio Público, el fomento de la justicia restaurativa y la mediación intraprocesal, en particular en el ámbito penal, es uno de los objetivos específicas recogidos en su "Propuesta de 60 medidas para el plan de desescalada".