BRUSELAS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
En su sentencia, la Justicia europea advierte de que no halla en el acuerdo que permite el envío de datos de usuarios europeos a Estados Unidos para fines comerciales "limitaciones" al uso de los mismos en el marco de determinados programas de vigilancia, ni tampoco encuentra garantías suficientes para proteger a los ciudadanos no estadounidenses y evitar que sean objeto de tales programas.
Además, advierte, el acuerdo negociado por Bruselas reconoce la "primacía de las exigencias relativas a la seguridad nacional, el interés público y el cumplimiento de la ley estadounidense, posibilitando de este modo injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos personales se transfieren a ese país tercero".
El Tribunal con sede en Luxemburgo da de este modo de nuevo la razón al activista Max Schrems en una demanda contra al plataforma Facebook por transferir a Estados Unidos los datos de usuario cedidos a la red social en Europa, aunque el fallo podrá afectar a muchas más compañías puesto que "invalida" el sistema por el que se transfieren los datos.
El pacto para un 'Escudo de privacidad' fue negociado entre Bruselas y Washington en 2016 precisamente para reemplazar un acuerdo previo, conocido como 'Puerto Seguro' y que también tumbó el Tribunal europeo un año antes en otro caso denunciado por Schrems ante las autoridades de Irlanda, país en donde Facebook tiene su sede europea.
En esta ocasión, el Tribunal europeo sí avala la aplicación del Reglamento general de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés) a las transferencias de datos personales en cuanto a las cláusulas de protección y al control por parte de las autoridades de manera general, pero considera que el caso norteamericano no cumple estas garantías.
Por ejemplo, critica que el acuerdo con Estados Unidos no ofrece a los usuarios europeos afectados por la transferencia de sus datos "ninguna vía de recurso" ante órganos que ofrezcan garantías equivalentes a las que exige la normativa comunitaria, al tiempo que avisa de que la figura del Defensor del Pueblo que contempla el 'Escudo de privacidad' no garantiza su independencia para tomar decisiones vinculantes con respecto a los servicios de inteligencia estadounidenses.
Luxemburgo explica que aunque el acuerdo evoca exigencias que las autoridades estadounidenses deben respetar al aplicar los programas de vigilancia luego no ofrece a los usuarios garantías de que podrán exigir sus derechos a las autoridades estadounidenses ante los tribunales.
