MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Esta figura procesal prevista en la ley, que permite la solución consensuada entre las partes en determinados procesos penales en que el acusado reconoce la culpa, pretende evitar la celebración del juicio oral. Pero hasta ahora, su eficiencia era limitada, pues el acuerdo se realizaba normalmente instantes antes de entrar a la audiencia con el juez, cuando existe la posibilidad de celebrarlo mucho antes, según informaron fuentes del Colegio en un comunicado.
El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, ha asegurado este jueves tras la firma del convenio, junto con el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que el impulso de esta figura procesal y su pretensión de sacarla del calendario judicial "contribuirá a agilizar y desatascar los juzgados, además de luchar contra la propagación del Covid-19, pues evitará que se realice parte de la tramitación administrativa, como citaciones*, así como la comparecencia innecesaria de testigos, peritos*".
También ha subrayado que, además de facilitar que las partes se citen con el fiscal mucho antes de la celebración del juicio, para evitar su celebración si llegan a un acuerdo, "permitirá realizar muchas de estas conversaciones o negociaciones vía telemática, con el consiguiente ahorro de tiempo y desplazamientos".
NUMEROSAS VENTAJAS
La conformidad, es un modo ágil, rápido, y consensuado de hacer justicia, y conlleva numerosas ventajas para todas las partes.
A la persona encausada le evita la pena de banquillo, el riesgo de penas más graves si se celebrara el juicio, una forma pronta de resolver el procedimiento y sobre todo la intervención en la toma de decisiones, pues es una solución acordada.
En el caso de las víctimas supone una reparación más rápida y, por consiguiente, una mejor Justicia, evitando el proceso doloroso del enfrentamiento judicial y una satisfacción a tiempo.
Para la sociedad, los beneficios son numerosos, porque contribuye a reducir el colapso judicial resolviendo procedimientos de forma más ágil. Se evita la innecesaria comparecencia de testigos, peritos y partes en las sedes de la Administración de Justicia -con los riesgos de contagios que pudieran suponer- y el enorme esfuerzo que suponen las citaciones y los juicios fallidos por citaciones que no se han podido hacer efectivas. La reparación a las víctimas sin demora es una de sus mejoras ventajas.
Para los Juzgados y sus órganos administrativos supone una descarga de trabajo, al evitar múltiples trámites, citaciones, comparecencias* y la dedicación al estudio de juicios por parte de los Jueces, muchas veces de forma innecesaria, porque se llega a un acuerdo justo antes de la celebración del juicio oral.
Para los abogados, siendo un modo que garantiza el derecho de defensa, indicada para ciertos casos como la más idónea, logra una justicia más rápida y eficaz en beneficio del cliente, pudiendo practicarse en todas las fases del procedimiento antes del juicio, facilitando en ciertos supuestos iniciales incluso el beneficio de rebaja del tercio de la pena.
No es como pudiera pensarse un sistema que exima de estudio y dedicación, antes bien exige preparación y trabajo en defensa del cliente, para obtener el mejor y ventajoso acuerdo para el cliente, cuyo resultado puede ser más exitoso que un juicio.
Las nuevas medidas pretenden facilitar la conexión entre fiscales y abogados, agilizando este proceso, tanto presencial, como por vía telemática, evitando para unos y otros los riesgos de la actual situación sanitaria.
