VITORIA, 25 (EUROPA PRESS)
El acuerdo se ha cerrado en una reunión por videoconferencia de la Comisión Mixta de Transferencias, que ha estado presidida por la ministra de Política Territorial y Función, Pública, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
A partir de ahora, y tal y como está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Gernika aprobado en 1979, Euskadi gestionará las ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos y las prestaciones sanitarias del seguro escolar.
Ambos Gobiernos han valorado las tres transferencias en 7,5 millones de euros, de los cuales, a partir de ahora, Euskadi descontará el 6,24% del Cupo, la suma que la Comunidad Autónoma aporta cada año al Gobierno central por las competencias no transferidas. Este acuerdo es el primero que se alcanza desde que el pasado 20 de febrero los dos Ejecutivos pactaran el cronograma de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
La Comisión Mixta de Transferencias no se reunía desde el 16 de abril de 2019, cuando ambos Gobiernos firmaron el traspaso de la gestión de la autopista AP-68 a Euskadi.
El acuerdo alcanzado ahora contempla el traspaso a Euskadi de las funciones y servicios para la gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas trabajadoras afectadas por expedientes de despido colectivo. Estas ayudas están destinadas a las personas afectadas por un ERE.
URGENCIA SOCIOLABORAL
El objetivo de estas prestaciones es facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación para atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral, de forma que se puedan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.
A partir de ahora, Euskadi gestionará estas ayudas y coordinará los datos con el Gobierno español a efectos de conocimiento y estadística. Ambos Ejecutivos han valorado esta transferencia en 4,4 millones de euros, de los cuales Euskadi descontará anualmente del Cupo el 6,24%.
La segunda transferencia se refiere a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar. Este seguro es obligatorio para todos los estudiantes a partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o de cursos de Bachillerato, y hasta los 28 años de edad como máximo. El objetivo del seguro es garantizar protección y ayuda ante circunstancias fortuitas, accidentes o enfermedades.
El pacto entre ambos ejecutivos establece el traspaso de la parte de asistencia sanitaria, médica y farmacéutica de los seguros. La financiación de esta transferencia será mixta. Ambos gobiernos han cuantificado el traspaso en algo más de tres millones de euros, de los cuales Euskadi descontará anualmente del Cupo el 6,24%.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez realizará una transferencia anual al Gobierno Vasco del 96% de la recaudación total en Euskadi del seguro escolar que cada estudiante abona junto a la matrícula del curso académico.
Ambos ejecutivos consideran que el 96% de ese importe es el correspondiente a la parte del gasto de la prestación sanitaria asociada al seguro, dejando para una negociación posterior el 4% restante de la recaudación, que va ligada a las prestaciones económicas de este seguro que seguirá gestionando el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
FARMACOVIGILANCIA
También se ha acordado transferir a Euskadi las funciones y servicios de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos. A partir de ahora, la Comunidad Autónoma controlará los mensajes publicitarios de productos sanitarios dirigidos al público; evaluará las comunicaciones sobre publicidad de medicamentos de uso humano dirigida a los profesionales sanitarios; y colaborará en las tareas de farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano, conforme a lo establecido en la legislación sobre productos farmacéuticos.
El País Vasco también efectuará las inspecciones de verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia; llevará a cabo programas de control de calidad de los medicamentos; ejercerá su potestad sancionadora en materia de productos farmacéuticos, en el ámbito de sus competencias; adoptará medidas cautelares previstas en la normativa aplicable tras las actuaciones inspectoras; y realizará inspecciones de buenas prácticas de laboratorio en materia de ensayos no clínicos de seguridad y de las inspecciones de buena práctica clínica.
Asimismo, verificará, mediante inspecciones, que los fabricantes, importadores y distribuidores de principios activos realizan sus actividades de acuerdo con las normas de correcta fabricación y las buenas prácticas de distribución de principios activos. Euskadi también asumirá otras funciones ejecutivas que la legislación atribuye a las comunidades autónomas en materia de productos farmacéuticos, cosméticos y productos de higiene personal.
REPRESENTACIÓN
Por parte del Gobierno Vasco han participado en la reunión, además de Erkoreka, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu; las consejeras de Educación, Cristina Uriarte; Salud, Nekane Murga; y Trabajo y Justicia, María Jesús San José; el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre; y la secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias por parte del Ejecutivo autonómico, Begoña Pérez de Eulate.
Por parte de la Administración central, además de la ministra Carolina Darias han estado presentes en el encuentro el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola; la secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso; la secretaria General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas; la directora general de Cooperación Autonómica y Local, Carmen Cuesta Gil; y el secretario de la Comisión Mixta por la Administración del Estado, Jorge García Carreño.
