MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Esta norma de rango europeo, conocida como la directiva 'whistleblowers', persigue buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción, protegiendo de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales y que son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.
Los denunciantes de esas infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para el interés público desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el temor a las represalias les lleva, a veces, a renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas, según explica el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Es en este contexto en el que surge la necesidad en la UE de prestar una protección equilibrada y efectiva a estos denunciantes, tanto a escala comunitaria como en el plano internacional.
El grupo de trabajo reunido en el ministerio, dentro de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, se está encargando de preparar la propuesta de texto articulado que pretenden elevar para su aprobación antes del 2 de diciembre, si bien la fecha tope para la transposición de la directiva es el 17 de diciembre de 2021.
En esta primera sesión constitutiva del grupo se han sentado las bases y líneas directrices marcadas por el Ministerio de Justicia para que el grupo de trabajo pueda desempeñar adecuadamente su cometido.
Desde su inicio, el grupo de trabajo contará con el apoyo transversal de todos los departamentos con sectores de regulación afectados por la directiva, con el objeto de establecer no sólo un marco general de protección, sino también atender las especialidades y singularidades sectoriales.
