LA ABOGACÍA, EN VANGUARDIA DE LA RECONSTRUCCIÓN
Corren tiempos aún, con la terrible pandemia causada por el Covid-19 sin terminar de extinguirse, de enorme presión para los profesionales que cumplimos una función vital para el funcionamiento del Estado de Derecho. Es el caso de los abogados, sin cuyo concurso el sagrado ejercicio del derecho de defensa quedaría suspendido o amputado y, por consiguiente, los engranajes democráticos, severa y dramáticamente dañados.
Desde que se decretó el estado de alarma, miles de letrados y letradas han trabajado, sin reservas y sin reloj, en ocasiones arriesgando su propia salud, para que los servicios de guardia permaneciesen enteramente operativos, evitando que se laminase la tutela judicial efectiva o quedase relegada y anulada la imprescindible asistencia letrada a detenidos y a víctimas.
Desde el Turno de Oficio, y de modo encomiable en circunstancias indisputadamente adversas, no se ha parado de asegurar el derecho de cada ciudadano de acceso a la Justicia, acreditando quienes lo han hecho posible no sólo una loable entereza profesional sino, por añadidura, un verdadero compromiso con las personas y con la sociedad, con el interés general, que es el que se hace urgente y necesario proteger en momentos de crisis, ante obstáculos comunes que afectan no sólo a la salud y a la economía sino a nuestro propio sistema de convivencia, a nuestra propia organización civilizada.
La Abogacía institucional, y en primera persona lo afirmo como su máximo representante en Madrid, no ha escatimado un solo gramo de su energía ni de sus capacidades en la lucha diaria para que nuestro sistema de garantías mantuviese su vigor y prevaleciese. Así ha sido. Así está siendo.
Hemos actuado con transparencia, en el bien entendido de que es la mejor fuente de generación de confianza; hemos operado con agilidad, tomando decisiones difíciles, con un alto nivel de incertidumbre en algunos casos, colaborando lealmente con los poderes públicos -tanto a nivel nacional como autonómico y local- para que la Justicia, y la aplicación de sus principios, se mantuviese incólume. En el trabajo diario en tribunales, en comisarías, en centros penitenciarios, hemos procurado -lo seguimos haciendo- anticiparnos a las contingencias que podían surgir, a las incidencias que podían irrumpir e interferir en nuestro quehacer.
Son aún días estos en los que los ciudadanos nos exigen un liderazgo responsable, que fomente el trabajo en equipo y destierre cualquier suerte de individualismo; nos exigen que despertemos todos nuestros recursos interiores: no sólo los intelectuales, también los emocionales, que tantas veces condicionan los primeros.
Ha escrito John Gray, catedrático de la London School of Economics, que “la Historia está llena de interrupciones en las que lo que se había ganado, se pierde irremediablemente. Ya sea por una guerra, una revolución, una hambruna o una epidemia, la desaparición repentina de un modo de vida es algo frecuente”.
España, guste más o menos asumirlo y digerirlo, afronta una crisis social y económica sin precedentes, en la situación general probablemente más grave que ha tenido que encarar ningún Gobierno desde el intento de golpe de Estado del 23-F. La Abogacía ha prestado un servicio esencial en este paréntesis tan doloroso, y redoblará sus esfuerzos en una etapa, la que tenemos por delante, que por numerosas razones, algunas de ellas obvias, resultará de una alta litigiosidad.
Como letrados, no nos cansaremos de reivindicar, con más ímpetu si cabe en este momento de reconversión, un papel más relevante en los procesos de elaboración normativa, porque pocos como nosotros conocemos y, por tanto, podemos transmitir, con dinamismo y conocimiento de primera mano, de manera enriquecedora, cuáles son las inquietudes de los ciudadanos en el ámbito de sus derechos, los contornos de los conflictos y sus soluciones en aras de la mejor promoción del bien común.
La Administración de Justicia, y todos los que formamos parte de ella, hemos de tomar ahora el relevo y colocarnos en primera línea para contribuir decididamente a solucionar los problemas que se han producido a personas y organizaciones en múltiples ámbitos: el laboral y el tributario, el familiar, el económico y el administrativo... y tantos otros que irremediablemente empiezan a aflorar.
El desafío es descomunal, porque el rastro de la enfermedad ha sido de proporciones enormes y sus heridas apenas han empezado a cicatrizar. Pero pocos retos pueden encontrarse más estimulantes que el de fijarnos, como meta y como colectivo, de forma comprometida y solidaria, subsanar errores que hayamos podido cometer para levantar, con toda la fuerza posible y con inapelable crédito, un país más próspero y un sitio mejor para vivir. ¡Comencemos!
